Detrás de esta historia hay mucho dinero, proyectos técnicos muy complejos y decenas de horas de reuniones, conversaciones informales e intercambios de todo tipo. Pero sobre todo hay una batalla política a cuatro bandas —PSOE-PSC, ERC, Junts, Comunes— que finalmente estalla de la manera más inesperada, con un tuit del president de la Generalitat, Pere Aragonés, que da al traste con un proyecto de 1.700 millones de euros que era una tradicional reclamación de buena parte de la política y el empresariado catalán: la ampliación de El Prat para convertirlo en un gran aeropuerto internacional.
Nada hacía presagiar ese final abrupto el viernes 3 por la mañana, pocas horas antes del tuit de Aragonés. El acta de esa cita, en la que se presentó el plan detallado tanto a la Generalitat como a los alcaldes de la zona y a representantes de la patronal Foment, y varias fuentes presentes en el encuentro, demuestran que la Generalitat estaba totalmente de acuerdo hasta que Aragonés dio la espantada. Eso sí, en la reunión no había representantes de ERC, sino de Junts.
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El encuentro arranca tranquilo. La cita es telemática y empieza con la parte más sencilla, un informe sobre la situación de los aeropuertos en Cataluña. Entonces llega el punto fuerte: el Dora (Documento de Regulación Aeroportuaria) 2022-2026, que incluye el detalle de la ampliación de El Prat que han pactado con gran boato el 2 de agosto la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, —que solo un mes antes era alcaldesa de Gavá, uno de los municipios cercanos al aeropuerto— y Jordi Puigneró, el vicepresidente y hombre fuerte de Junts y persona de confianza del expresident fugado, Carles Puigdemont.
En el powerpoint con el que se presenta el plan aparece un mapa que muestra claramente que la pista se ampliará 500 metros por el este y esto afectará a la zona de La Ricarda, protegida ambientalmente. A pesar de que estaba todo clarísimo, como lo había estado en todas las reuniones previas, algunas conocidas y otras mucho más discretas al máximo nivel político y empresarial, la Generalitat no expresa ninguna oposición.
“La Generalitat no va a ser el freno a la ampliación del aeropuerto y su desarrollo para su proyección como hub internacional. No vamos a estar en ningún caso en una posición de bloqueo ni de paralizar el plan”, señala Isidre Gavín, secretario de Territorio y persona de confianza de Puigneró. Hasta ahí todo va según lo previsto.
Gavín señala que la Generalitat apoya el Dora, pero insiste en que los detalles se discutirán en el Plan Director, que determinará con precisión cómo se podrá limitar el impacto ambiental y cómo se podrá compensar el daño ampliando la zona protegida en otro espacio.
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Ese era el acuerdo político: aprobar ahora el Dora, que tiene que entrar en el Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre, y luego seguir la batalla con los detalles para poder gestionar la oposición de sectores importantes en Cataluña y en el Gobierno central, con Unidas Podemos al frente del rechazo. Todo iba bien. El representante del Gobierno central, Raúl Medina, director general de Aviación Civil, sigue la línea de lo pactado, y admite en su respuesta que “el verdadero documento de planificación son los Planes Directores y no el Dora”.
Gavín incluso reclama otras cuestiones, como incluir en el Dora la conexión de alta velocidad con el aeropuerto de Reus que también ha prometido el Ejecutivo. Todo estaba dentro de lo negociado previamente entre el PSOE, Junts, ERC y el PSC, que controla varias alcaldías de la zona importantes que van a tomar la palabra también en esa cita. Solo hay un problema fuerte, que todos los implicados conocen, con Unidas Podemos y en especial los comunes. Ada Colau lidera en Barcelona el rechazo a esta ampliación. Y su gente lo deja claro.
El alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, y la segunda teniente de alcalde de Barcelona, Janet Sanz, ambos de los comunes, son muy duros. Mijoler habla mucho rato, y se indigna con el mapa sobre el que Gavín no ha dicho una palabra. Señala que nunca aceptarán que se afecte a la zona protegida de La Ricarda, incluida su laguna. “No tiene sentido y nos resistiremos hasta el final”, clama Mijoler, que lanza una amenaza clara: si el Dora seguía adelante, El Prat abriría procedimientos “de responsabilidad patrimonial y delitos penales” contra los responsables de la actuación. Es la intervención más dura en tres horas de reunión telemática.
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En un tono más pausado, pero también de rechazo total, Sanz, la representante de Barcelona, es tajante: “Es increíble que en una situación como la actual de emergencia climática se plantee esta ampliación”. Además, se queja de que Barcelona está allí solo como invitada. Aún hablarán los representantes de Castelldefels —que dice que también habla en nombre de Sant Boi y Viladecans— y Gavá. Todos son del PSC, y expresan su apoyo, como estaba pactado en el partido, con la prevención de que se mantenga la operación con pistas segregadas para evitar más afectación acústica en sus municipios y que todas las medidas “sean respetuosas con los criterios de sostenibilidad ambiental.
Cuando acaba la reunión, el Gobierno cree que está hecho. Estaban preocupados por lo que pasaría tras la manifestación del 19 contra la ampliación, pero aún creían que podían salvarlo. Con el apoyo claro que la Generalitat ha expresado en la cita, se puede seguir adelante. Desde la vicepresidencia de Puigneró, al acabar la cita, se lanza el mensaje a la prensa de que el Dora incluye lo que se había pactado el 2 de agosto.
