“De los 55 estados del continente africano, solo 28 han aprobado leyes de protección de datos y de esos, solo 15 han creado autoridades independientes para hacer cumplir esas leyes. Considero que África Subsahariana se encuentra una etapa incipiente en el desarrollo de políticas de protección de datos”. Así radiografía Koliwe Majama la situación de la lucha por garantizar el respeto a las informaciones personales en el entorno digital en el continente africano. Evidentemente, Majama formula esta conclusión general recordando la necesidad de establecer innumerables matices, tantos como la diversidad de las situaciones en las que se encuentra cada uno de los Estados.
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Esta periodista zimbabuense experta en medios, información, comunicaciones y tecnología recuerda que en el continente africano nos encontramos con tres fases distintas: “Hay países con leyes de protección de datos, otros con algunas normativas parciales en este ámbito, y otros que no tienen ninguna ley ni política sobre este tema”. Majama es la responsable del programa para asegurar los derechos humanos en línea en África a través de la Declaración africana sobre los derechos y libertades en Internet (AfDec) y de la Escuela Africana de Gobernanza de Internet (AfriSIG). Además, ha sido una de las coordinadoras del informe sobre Privacidad y protección de datos personales en África impulsado por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), una de las redes más sólidas y veteranas de organizaciones que trabajan por la paz, los derechos humanos, el desarrollo y la protección del medio ambiente, a través del uso estratégico de tecnologías de información y comunicación (TIC).
Análisis en ocho países
El reciente informe ha analizado en profundidad la situación de la protección de datos personales en ocho países africanos para trazar las líneas generales de los retos a los que se enfrenta el continente. La iniciativa responde a la sensación de la APC y de otras organizaciones que han participado en la investigación de que la defensa de la privacidad se encuentra en un momento clave en África. Esto es así, por la confluencia de factores sociales y políticos, pero también porque el rompecabezas de la defensa de la intimidad en internet tiene muchas piezas en las Administraciones nacionales.
“En los últimos tiempos, el interés por el derecho a la privacidad y la importancia de las políticas de protección de datos ha aumentado en el continente. Esto se debe, en parte, a la preocupación por un aparente aumento de la vigilancia y los abusos en el uso de información personal de los ciudadanos tanto por parte de gobiernos como de empresas privadas”, explica Majama. La experta también menciona como factores del aumento del interés una “mayor atención en las economías digitales” a raíz de la firma del Acuerdo de Libre Comercio Continental de África (AfCFTA, por sus siglas en inglés), y el requisito de cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos europeo (GDPR) en la mayoría de los países francófonos.
África Subsahariana se encuentra una etapa incipiente en el desarrollo de políticas de protección de datos
Koliwe Majama, periodista zimbabuense experta en información y tecnología
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Por otro lado, tanto Majama como el propio informe sobre la situación en el continente advierten de la complejidad del panorama de defensa de la privacidad. Habitualmente, la aprobación de una legislación de protección de datos aparece como un termómetro del estado de la situación, pero no es suficiente. También hay que tener en cuenta la voluntad política para aplicarlas o la independencia de las autoridades de protección de datos.
Otros elementos que la condicionan son la propia salud democrática y las interferencias de otras legislaciones, desde las de ciberdelincuencia hasta las de salud, o las de libertad de prensa, por ejemplo. El puzle tiene muchas piezas y el encaje es complejo. Una falta de convicción de la que, como señalan los expertos, se aprovechan algunos gobiernos que no están decididos a garantizar las libertades de sus ciudadanos o algunas empresas privadas que sacan partido de una gestión poco ética, cuando no fraudulenta, de los datos personales.
