Ante las catastrofistas previsiones que se cernieron sobre nuestras cabezas, la sociedad española descubre a las puertas del otoño que el balance de daños de una pandemia feroz merece una ponderación alejada de la berrea de las redes y la prensa más hiperventilada. No hay demasiadas razones para practicar ese feo vicio tan común entre nosotros de la autoflagelación: el apocalipsis suele anunciarlo el adversario político ante la pulquérrima naturaleza de sus buenas intenciones.
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La realidad ha sido otra. Las cifras de fallecimientos y contagios, el desempleo, las pérdidas económicas y la afectación psicológica que ha causado la pandemia han convivido con una respuesta colectiva y multilateral capaz de mitigar los efectos más dramáticos e impulsar la reanudación de una normalidad que nunca será ya como fue hasta marzo de 2020. Nada cambiará sustancialmente, pero nada seguirá siendo exactamente igual: oportunidades perdidas, deseos aplazados, proyectos torcidos seguirán estando ahí, en la memoria íntima de las personas y, sobre todo, seguirán estando los fallecidos, los enfermos con secuelas de larga duración, los diagnósticos tardíos de otras enfermedades, las operaciones que no pudieron realizarse y tantas otras historias de sufrimiento.
La pandemia ha actuado también como un durísimo test de estrés sobre las estructuras sociales. La principal de ellas ha sido la relevancia de la equidad ante una emergencia extrema y compleja. El cumplimiento masivo entre la población de las duras restricciones impuestas no hubiera sido posible con un planteamiento de sálvese quien pueda (o simplemente neoliberal). Se impuso la política de proteger a los más vulnerables y eso ha reforzado la cohesión social, pese a los problemas en la adjudicación, por ejemplo, del ingreso mínimo vital. Los criterios de prioridad en la asistencia y en la administración de vacunas han sido escrupulosamente respetados y España figura hoy, con más del 75% de la población con la pauta completa, entre los países con mayor tasa de vacunación.
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La protección del empleo ha encontrado un instrumento eficaz en los ERTE. Pese a que la sanidad pública llegó a la prueba descapitalizada por los recortes impuestos por los anteriores Gobiernos conservadores, ha sido un pilar fundamental en la respuesta a la pandemia. También la docencia a distancia y el reparto de ordenadores a los alumnos más desfavorecidos debería permitir un salto cualitativo en la digitalización que reduzca la brecha social en el acceso a las nuevas tecnologías.
La coordinación de las comunidades autónomas con el Gobierno ha activado sin ninguna estridencia un modelo federal de funcionamiento y ha mostrado una vía productiva para abordar conflictos: consensuada y multilateral (es decir, federal). Pero quedan por resolver aún múltiples ambigüedades en la atribución de responsabilidades para lograr una gestión coordinada más eficaz. La creación de una potente agencia de salud pública de ámbito estatal, integrada por representantes de las comunidades y con potestad de tomar decisiones vinculantes, es otra necesidad perentoria. Esta pandemia no ha terminado aún y su rastro ha sido y es dramático, pero nos asomamos a una nueva normalidad sin que se hayan cumplido los funestos augurios que los agoreros sembraron por tierra, mar y aire.
