En el escondite donde vivían escondidos Lorena Gutiérrez y su marido, Jesús Quintana, los padres de Fátima Varinia Quintana, la humedad helaba los huesos. Después del brutal asesinato de su hija en 2015, el resto de la familia tuvo que desaparecer. La lucha por la justicia de Fátima les costó amenazas de muerte y un aviso muy claro: balazos contra los cristales de su casa en una pequeña comunidad del Estado de México, Lupita Casas Viejas.
El crimen de Fátima supuso uno de los más atroces cometidos en una entidad que ya es la más violenta para las mujeres. Y, como la mayoría, permanecía impune hasta este martes. Un juez ha sentenciado por feminicidio al último de los tres jóvenes que masacraron a la pequeña ese día cuando regresaba de la escuela. Cadena perpetua y un caso cerrado que se ha convertido en un símbolo del terror de la violencia machista que no cesa en México.
El 5 de febrero de 2015, tres chicos, uno de ellos menor de edad, arrastraron a su hija al bosque cuando su madre la estaba esperando, como cada día, haciendo la comida. Estaba solo a unas cuadras de su casa, a escasos 100 metros. “Fue violada bestialmente, la apuñalaron más de noventa veces, le abrieron el pecho más de 30 centímetros, le cercenaron la entrepierna, le rompieron sus tobillos, fracturaron sus manos. Y mi hija fue una guerrera, lucho hasta el final, aún con todo eso no murió hasta que le arrojaron tres piedras de más de 30 kilos cada una, que fue lo que terminó con su vida”, contaba Gutiérrez a este diario en medio de una fuga de ella y de su familia, hacia un destino secreto al norte del país. Sin trabajo, dinero ni identificación, para que nadie los pudiera reconocer.
Cuando Lorena se percató de que su hija no había llegado a casa, corrió a buscarla. Y la encontró, semienterrada en la parte de atrás de la casa de estos chicos. Encontró el cuchillo con el que la cortaron, sus ropas ensangrentadas. Y los encontró a ellos. “Todo se lo entregamos a la Policía”, recuerda. Pero aun así, uno de ellos, el que ha sido sentenciado este martes, presuntamente ligado al crimen organizado, fue puesto en libertad. Y ahí comenzó la segunda parte de la pesadilla.
“No nada más asesinan a nuestras hijas, asesinaron a una familia completa. A 12 personas, cinco niños y siete adultos. Nos mataron a todos. Nos dejaron sin vida, sin libertad, Queremos recuperar nuestra paz. Queremos ser libres, porque aquí en México nosotros somos los prisioneros”, contaba horas antes de la audiencia con el juez. Todos vivieron hasta hace poco desplazados, sin hablar con nadie, cambiaban la ruta cada día para regresar a su escondite y a los pocos meses, ya habían gastado todos sus ahorros. No conseguían trabajo porque les pedían una identificación oficial, no la tenían porque debían resguardar a su familia. La lógica esquizofrénica de la burocracia también alcanza a las víctimas. Intentaron pedir asilo en Canadá. Se lo negaron.
En noviembre pasado, otra tragedia sacudía a la familia Quintana Gutiérrez. El hijo más pequeño de Lorena y Jesús, que fue el que encontró junto a su madre a su hermana sepultada, comenzó a encontrarse muy mal. Desde que pasó lo de Fátima, Daniel padeció graves trastornos psicológicos que ninguna autoridad atendió como se merecía. Así como sucedió con el resto de la familia. Pero Daniel el día que vio a su hermana muerta tenía solo 11 años. Falleció en los brazos de su madre por una obstrucción intestinal, después de haber corrido por cinco hospitales para obtener un diagnóstico a su malestar que siempre acababa en más ansiolíticos y analgésicos. Tras su muerte, el médico no podía explicarse cómo alguien había podido soportar tanto dolor.
“Es una familia hecha pedazos. Muchas veces te preguntas cómo se sostiene”, explica la abogada de la familia, Ximena Ugarte, desde el otro lado del teléfono. La defensora ha tenido el reto en los últimos años de desmontar una de las pruebas clave de los abogados de José Juan N. Un vídeo de una cámara de seguridad del adinerado colegio privado Sierra Nevada que mostraba que él a esa hora y ese día se encontraba trabajando como jardinero en sus instalaciones.
Ugarte celebra este martes que después de la intervención de peritos expertos en videoseguridad y otros de alta especialidad técnica —llegaron a medir las sombras para confirmar si coincidían con la posición del sol ese día— un juez haya reconocido que esas imágenes fueron modificadas. Y desmantelada la única coartada del acusado, pues también hubo testigos que lo vieron cerca de la escena del crimen, la sentencia lo ha condenado a la máxima pena posible.
Este es el primer caso de todos los que lleva la asociación, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que consigue una sentencia. En México, que soporta 10 feminicidios al día, el índice de impunidad es de casi el 95% de los casos. En el Estado de México, el conjunto de municipios más poblados del país que abraza a la capital, la cantidad de delitos sin resolver asciende al 97%. “Aunque nadie les va a devolver a sus hijas, hemos observado en otros casos, muy pocos, que sí les genera cierto alivio saber que al menos el culpable está obteniendo una sentencia. Sobre todo porque se han vuelto madres que acompañan a otras y sufren la violencia institucional y la impunidad que es tan fuerte. Saber que al menos existe este mínimo de casos que se resuelven”, añade Ugarte.
Gutiérrez, como muchas madres que buscan justicia para sus hijas, estudiaba por las noches el Código Penal y se aprendió al dedillo la Ley de Víctimas del Estado de México. No duerme desde hace seis años para estar preparada: “La justicia de mi hija es mi misión en la vida. Pero también por las mamás de los feminicidios que no pueden hacerlo, por todos los casos que están ocultos, yo quiero ser su voz”, señalaba a este diario.
