Vuelven los fantasmas del pasado. Sebastián Piñera está de nuevo bajo presión por la relación conflictiva entre sus negocios personales y sus obligaciones como presidente de Chile. Los Papeles de Pandora, publicados por este periódico y un consorcio de medios nacionales e internacionales, han aportado nuevos elementos sobre esta polémica relación. Piñera vendió en 2010 a un amigo por más de 150 millones de dólares su parte del proyecto minero Dominga.
Utilizó para ello una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Una cláusula de ese contrato condicionaba el cobro de la última cuota de Dominga a una decisión administrativa que estuvo bajo la órbita de Piñera cuando este ya era presidente. La justicia investigó y sobreseyó en 2017 el caso, pero la aparición del contrato en inglés de aquella venta ha reactivado la intervención de la Fiscalía, que ha abierto de oficio una investigación para delimitar si se incurrió en un presunto conflicto de intereses.
Piñera argumenta que la venta de Dominga es “cosa juzgada”. En paralelo con el proceso penal, la oposición está dispuesta a iniciar esta misma semana un juicio político que podría precipitar el final del mandato presidencial, que termina en marzo. Aflora, en las raíces de esa acusación, el talón de Aquiles de un presidente que tiene la cuarta mayor fortuna del país, forjada, en muchos casos, en empresas reguladas por el Estado.
Ningún jefe de Estado chileno ha tenido que afrontar una destitución y todos han terminado sus mandatos. El escenario hoy, sin embargo, es particularmente complejo y las informaciones de los Papeles de Pandora reabren viejas cuestiones nunca del todo olvidadas sobre la frontera entre la política y los negocios. El paìs está a seis semanas de unas elecciones presidenciales cruciales, donde la izquierda disputa a la derecha y la extrema derecha la administración de una nación que vive tiempos convulsos. Hace un año, una ola de violentas revueltas contra el “modelo chileno” puso patas arriba la estabilidad que tanto envidiaban los países vecinos. La solución política fue la convocatoria a una Asamblea Constituyente que debate ahora un texto que entierre la Carta Magna heredada de la dictadura de Pinochet.
Pero los votantes dejaron de lado a los partidos tradicionales y pusieron en manos de independientes, con agendas tan variadas como contradictorias, el futuro del país. La mezcla de crispación social e incertidumbre tensiona al máximo a una sociedad cuya economía muestra visibles signos de agotamiento. Un posible juicio contra Piñera pende ahora sobre este escenario. El panorama está muy abierto, ninguna posibilidad penal está cerrada, la popularidad del presidente está bajo mínimos, pero Piñera no actúa de acuerdo con la gravedad de la situación cuando se escuda en fórmulas rutinarias o incapaces de ofrecer la transparencia que la sociedad chilena le demanda.
