La Audiencia Nacional ha dado la razón al Ministerio del Interior y ha rechazado el recurso presentado por una ONG contra el escrito de la Secretaría de Estado de Seguridad del 10 de agosto donde pedía a la Delegación del Gobierno en Ceuta que se iniciasen las repatriaciones a Marruecos de los más de 700 menores que habían entrado de forma irregular en mayo en la ciudad autónoma. Estas devoluciones se realizaron sin cumplir las garantías jurídicas de la Ley de Extranjería y de los tratados internacionales firmados por España y fueron paralizadas por un juzgado de Ceuta.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional no entra a valorar la legalidad de las repatriaciones, sino que se limita a examinar los efectos del escrito con el que estas dieron comienzo. Los magistrados concluyen en su resolución que ese documento de Interior es una simple “comunicación interna” que no tiene efectos sobre terceras personas y que, por tanto, “no es susceptible de impugnación” ante ese tribunal. Esta decisión es recurrible, y la ONG que presentó el recurso, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, ha anunciado su intención de impugnarla.
En su resolución, los jueces centrales de lo Contencioso concluyen que el escrito de la Secretaría de Estado es una mera “actuación administrativa no susceptible de impugnación”. Pese a “la apariencia formal de carta o comunicación interadministrativa [que pueda tener ese documento], de su contenido y de lo actuado por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad en fechas posteriores”, añaden los magistrados, la carta enviada por el secretario de Estado, Rafael Pérez, a la Delegación del Gobierno en Ceuta “no ha trascendido la esfera interna administrativa, o lo que es lo mismo, no ha proyectado ningún efecto jurídico ad extra o frente a terceros”.
De hecho, el tribunal ahonda en esa línea y remacha que, aunque pudiera considerarse que ese documento sirvió de facto para que otras autoridades repatriaran a los menores, “lo cierto y determinante es que su contenido no proyectó sus efectos frente a terceros, desempeñando un papel meramente interno de comunicación entre órganos administrativos”.
El pasado 13 de agosto, la Delegación de Gobierno, Interior y el Gobierno de Ceuta pusieron en marcha el proceso de repatriación de varios grupos de menores. La forma en la que se realizaron las devoluciones llevó a varias ONG a acudir a los tribunales, y unos días después un juzgado de Ceuta paralizó la iniciativa. Por su parte, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado se concentró en denunciar, no las repatriaciones en sí, sino el oficio de la Secretaría de Estado de Seguridad con el que se iniciaron. Según los denunciantes, ese oficio permitió “la mala aplicación por parte de la Delegación del Gobierno de Ceuta de las devoluciones, sin garantías ni procedimiento”.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se pronunció al respecto en septiembre y consideró “nulas de pleno derecho” las actuaciones administrativas para repatriar a los menores por no seguir el procedimiento legal y vulnerar el derecho a la tutela judicial. De hecho, el ministerio público respaldó que se admitiera a trámite el recurso de la Red de Inmigración, pero consideró que la competencia debía recaer en un juzgado de Ceuta, adonde pedía trasladar el caso. Sin embargo, la Audiencia Nacional descarta esa opción y da la razón a Interior, que aseguró que del Ministerio no había salido ninguna orden o acto administrativo que pudiera ser recurrido ante los tribunales.
Este jueves, tras conocerse la decisión judicial, la Red de Inmigración ha anunciado que la recurrirá. “El proceso ha estado plagado de vulneración en la forma y el fondo con situaciones dantescas […] Desde la Red creemos que es palmario que una delegada del Gobierno no actúa sin que un ministro lo ordene. Y que es público y notorio, como acreditan mails hasta de la secretaria personal del secretario de Estado, que las órdenes, como también confirmó el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, son y habían sido siempre emitidas y convalidadas por el Ministerio del Interior”, afirma la asociación.
Esta decisión judicial insufla algo de aire a Interior, que ya consiguió un importante triunfo el pasado 15 de septiembre cuando la misma Sala avaló la decisión de Marlaska de cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo jefe de la Guardia Civil en Madrid. Durante estos últimos meses, la oposición había colocado en la picota al ministro por los frentes judiciales que tenía abiertos.
