Otra vez. Juan José Escalonilla, responsable del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, ha archivado una sexta línea de investigación abierta contra Podemos en este macrosumario. En un auto dictado el 11 de octubre, el magistrado concluye que no existe ningún “indicio racional” sobre un supuesto desvío de los fondos que el partido destinaba al Proyecto Impulsa, a través del cual ayudaba a organismos y colectivos sociales. El magistrado da carpetazo así a esta parte y reduce la causa ya exclusivamente a las pesquisas sobre los servicios contratados por el partido con la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019, el único punto que la Fiscalía respaldó indagar.
A través de esta resolución, Escalonilla insiste en que no se ha presentado ninguna prueba que apunte a “una presunta apropiación indebida del dinero donado por los cargos públicos al Proyecto Impulso”, ni tampoco a una “administración desleal”. Es más, el magistrado recalca que Podemos ha aportado documentación que “acredita” que los fondos se destinaron a los fines sociales elegidos. Así, entre los papeles presentados se encuentran “más de cincuenta certificados de donación acreditativos del pago por la Fundación Instituto 25 de Mayo de cantidades a diversas asociaciones”, como SOS Racismo, la Asociación para el Estudio y Defensa de la Naturaleza (Asden) de Soria o las Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura.
Siete partes
El caso Neurona nació como una macrocausa que ha empequeñecido y que Podemos ha calificado como un “montaje” para perseguir a sus dirigentes. Tras recibir una denuncia de un antiguo abogado de la formación, el juez llegó a abrir siete grandes líneas de investigación. Pero seis de ellas ya han sido cerradas: además de la referida al Proyecto Impulsa, las que versaban sobre el supuesto desvío de dinero del fondo de solidaridad del partido.
Los contratos firmados con la consultora ABD Europa para las elecciones del 28 de abril de 2019; los sobrecostes en la reforma de la sede nueva del partido; el presunto acceso de la cúpula sin permiso al disco duro de una empleada; y la de los supuestos sobresueldos a través de complementos a Rocío Esther Val, gerente de la formación, y Daniel de Frutos, su tesorero. Solo sigue viva la parte sobre los contratos firmados con la consultora Neurona.
Además, el juez Escalonilla remitió a otros juzgados otras tres líneas de investigación derivadas del caso Neurona, después de que otra abogada de Podemos también enfrentada con la cúpula, Mónica Carmona, narrara más presuntas irregularidades. Dos de esas derivadas también se han archivado: sobre el presunto cobro por parte de Pablo Iglesias, exlíder del partido, de las costas de procedimientos judiciales en los que estuvo representado por abogados de la formación; y las donaciones supuestamente irregulares del partido a una entidad social y a la fundación Instituto 25-M, vinculada al partido. El magistrado José María Escribano mantiene en instrucción, por su parte, la tercera: el bautizado caso niñera, sobre el presunto uso de una asesora por parte de Irene Montero, ministra de Igualdad, para cuidar a uno de sus hijos.
