María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), firmó una carta compromiso donde asegura que no promoverá sanción alguna en contra de los estudiantes en paro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ya sea de tipo legal, administrativo o académico, en aras del respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión.
“En congruencia con los principios y valores democráticos y en defensa irrestricta de los derechos humanos, de las libertades de expresión, de manifestación y de reunión, como titular del Conacyt, expreso la voluntad y compromiso de no promover acción alguna que conduzca a sanciones legales, administrativas o académicas, ni ningún otro tipo de represalia en contra de las y los estudiantes del CIDE que, en semanas anteriores, hayan ejercido su derecho a la protesta y permanecido en sus instalaciones”.
La carta se da a conocer luego de que la directora se comprometió este jueves a sentarse a dialogar con la comunidad del CIDE, misma que se pospuso para mañana viernes 10 de diciembre.
Así lo dio a conocer el propio Consejo el día de ayer mediante un breve aviso en el que se informó que “en acuerdo con las y los estudiantes del CIDE se pospone el encuentro presencial previsto a realizarse el día de mañana. La reunión tendrá lugar el próximo viernes 10 de diciembre a las 16 h, en las instalaciones del CIDE en la Ciudad de México”.
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En respuesta la comunidad estudiantil del CIDE aseguró que la razón para posponer esta reunión fue que no se llegó a un convenio con las autoridades, puesto que el Conacyt exigió una serie de condiciones para llevar a cabo las negociaciones que no iban encaminadas a un diálogo horizontal.
“En primer lugar, las autoridades decidieron no tomar en cuenta nuestra versión de la carta de no represalias que recibieron por correo electrónico y, en cambio, redactaron una ellos mismos”, que al ser escrita por personas externas a la comunidad “no reconoce las necesidades del estudiantado”, señalaron.
En segundo lugar, explicaron que las autoridades exigieron que el diálogo tuviera lugar dentro de las instalaciones del CIDE sede Santa Fe y se entregaran previamente al diálogo, lo que “no respeta nuestro derecho a la libertad de protesta ya que la comunidad estudiantil únicamente entregaría las instalaciones después de una mesa de negociación fructífera y horizontal por ambas partes”.
Finalmente aseguraron que las autoridades impusieron que la mesa de diálogo tuviera un tiempo límite de participación de los estudiantes y no se permitiera el acceso a medios de comunicación, lo que afecta la construcción de un diálogo transparente con las autoridades.
“En ese sentido aclaramos que aún no reconocemos pactada la mesa de diálogo, en vista de que en este momento no cumple con las condiciones mínimas para un diálogo efectivo que permita conciliar”, sentenciaron.
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