La fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, ha citado este jueves a declarar “bajo juramento” al expresidente Donald Trump en el marco de la investigación por presunto fraude fiscal que su oficina instruye contra la Organización Trump, denominación que recibe el conglomerado de empresas del magnate.
Según una información adelantada por los diarios The New York Times y The Washington Post, la fecha de la comparecencia del republicano, teóricamente en persona, será el próximo 7 de enero, un día después del primer aniversario del asalto al Capitolio que protagonizó una horda de seguidores suyos. Los abogados de Trump valoran la posibilidad de que no comparezca para que su declaración no pueda utilizarse en su contra, lo que violaría su derecho constitucional a no autoinculparse.
La fiscalía lleva meses investigando, por su cuenta o en paralelo a la oficina del fiscal de Manhattan, posibles delitos del conglomerado empresarial de Trump para determinar si la firma incurrió en fraude al pretender obtener beneficios fiscales presentando declaraciones del valor de inmuebles y propiedades sensiblemente superiores a los del mercado. La causa abierta por James no guarda relación con otra en curso en la fiscalía de Manhattan.
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Sin embargo, los esfuerzos de James coinciden con una investigación de Cyrus Vance, fiscal de Manhattan, para determinar si el expresidente o su organización falsificó el valor de propiedades para tener acceso a potenciales prestamistas. Es decir, si infló el valor de sus propiedades para garantizarse la financiación.
Trump tiene varios frentes judiciales abiertos, pero el más importante es esta investigación en curso de la fiscalía del Estado de Nueva York sobre sus negocios, que no guarda relación con las decisiones tomadas durante su mandato, entre enero de 2017 y enero de 2021. Las sospechas se ciernen también sobre los miembros de la familia con participación ejecutiva en el emporio y el círculo más próximo al magnate, pero nadie ha resultado imputado hasta el momento.
La única víctima, hasta ahora, de las investigaciones, ha sido su director financiero durante décadas, Allen Weisselberg, que se entregó a finales de junio tras ser imputado por fraude fiscal. Chivo expiatorio o cordón sanitario para evitar que la acción de la justicia llegue hasta el núcleo de la familia, la entrega de Weisselberg parecía haber dado un respiro a la presión judicial que acecha a Trump, aunque sigue empañando la viabilidad de su campaña política, dirigida teóricamente a una reelección en 2024.
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