El juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha comunicado a las partes que un fallo informático en el sistema ha impedido tramitar a la Sala de lo Penal los recursos presentados contra el auto de procesamiento de los implicados, según confirman fuentes jurídicas. Los magistrados de dicho órgano se encuentran a la espera de recibir las alegaciones para resolver. Entre otras cuestiones, si confirman la decisión del magistrado Manuel García-Castellón de sentar en el banquillo a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior; o si vuelven a imputar a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP.
La Operación Kitchen se urdió en el Ministerio del Interior en 2013. Según ha constatado el sumario, la Policía espió sin control judicial a Luis Bárcenas, extesorero del PP, después de que el país publicara los papeles de Bárcenas y cuando el responsable de las finanzas del partido conservador se preparaba para tirar de la manta. La instrucción subraya que el presunto objetivo de este despliegue irregular era arrebatarle documentos comprometedores de altos cargos de la formación que aún pudiera guardar y así evitar que llegaran al juez Pablo Ruz, que entonces investigaba el caso Gürtel y la caja b de la formación.
Manuel García-Castellón
El magistrado instructor del caso Kitchen, Manuel García-Castellón, dio por cerrada las pesquisas el pasado julio y procesó a la cúpula política y policial del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2015). Entre ellos, al exministro Jorge Fernández Díaz; a Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; y a seis comisarios, incluido José Manuel Villarejo, y Eugenio Pino, máximo responsable operativo del Cuerpo con el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero tanto las defensas como las acusaciones, incluida la Fiscalía Anticorrupción, recurrieron esa decisión. Al considerar que se había concluido la investigación de forma prematura o errónea.
El juez, por ejemplo, circunscribió a Interior toda la responsabilidad de Kitchen y dejó fuera a la dirección del PP, desimputando así a Cospedal. Sin embargo, el ministerio público insiste en que la ex secretaria general “intervino” en la operación junto a su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, con el que participó en el proceso de captación como confidente del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos. Entre los indicios esgrimidos contra ella se encuentran audios, las agendas de Villarejo y el cruce de comunicaciones con el comisario.
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