Ante las multas, el cierre masivo de pozos de los guardias fluviales y los juicios perdidos en el Tribunal Supremo, los agricultores con captaciones de agua clandestinas lograron que esta semana el PP, Ciudadanos y Vox anunciaran un cambio legal en el Parlamento andaluz para transformar en fincas de regadío 1.460 hectáreas hasta ahora ilegales. Esta iniciativa, en año electoral, dará vía libre a sus propietarios para exigir agua legal al Gobierno central. Y la tarta, cada vez más pequeña, habrá que repartirla entre más comensales.
Cinco comunidades de regantes de Almonte (Huelva) se han opuesto: “Supone un aumento de casi un 20% de superficie de regadío en la corona norte [terrenos aledaños a Doñana], y complicará aún más el reparto del trasvase de 19,9 hectómetros al año”, dice la carta dirigida a los grupos políticos y a la que ha tenido acceso este diario. La tensión es máxima y ha habido amenazas de muerte en redes sociales que la Guardia Civil ha declinado investigar por la falta de denuncias. Hay miedo y precedentes de ataques violentos, incluso a los guardas fluviales en 2014 y 2018, por parte de ciertos agricultores.
Agricultores se preocupan por el agua
“Estamos aquí desde los años ochenta y viendo que nos van a reducir la concesión de riego, ¿Cómo van a meter más hectáreas? La confederación ya estudia reducir los 4.500 metros cúbicos por hectárea a solo 3.000. Claro que es perjudicial para los que ya estamos”, afirma un presidente de una comunidad de regantes firmante, que exige anonimato. Las comunidades reclaman a los grupos políticos que la expansión de más fincas de regadío no se tramite por la vía de urgencia y esté respaldada por informes técnicos: en tal caso no se opondrán a que el regadío se extienda. Mientras, la sequía aprieta y los recortes de dotaciones ya se han producido muy cerca, en Isla Mayor (Sevilla), en pleno parque natural, donde los agricultores contaron el pasado año con un 53% menos de su agua de riego habitual.
A pesar de conocer la disensión entre los agricultores a través de las cinco misivas, la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, dijo este viernes: “La sociedad onubense apoya la iniciativa en su conjunto, hay unidad de todos”.
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Aumentar el regadío y alterar el plan fijado por la Junta en 2014 para salvar el acuífero de 2.409 kilómetros cuadrados contradice las recomendaciones de la Unesco, que tiene Doñana entre su Patrimonio de la Humanidad, así como la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que condenó a España el pasado junio por no proteger sus humedales, que están casi del todo secos. Al margen del Ministerio de Transición Ecológica y los ecologistas, las presiones al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, se han sucedido estos días, de momento en privado, con la esperanza de que recule. “Hay mucha gente moviéndose para reaccionar desde dentro”, confía un alto cargo de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible. El daño a la marca Doñana es evidente y doble: por un lado ambiental porque agudiza la desaparición de las lagunas y el hábitat protegido, y por otro económico porque las exportaciones suponen el 80% de la producción, y las malas noticias sobre Doñana se suceden en Europa.
Los frutos rojos onubenses se sirven en los supermercados alemanes y británicos, la conciencia medioambiental de sus consumidores va al alza y el mercado penaliza el daño a la biodiversidad, aunque sea a miles de kilómetros, en el mar Menor o en Huelva. Este fin de semana medios como el británico The Times y el alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung han detallado el plan andaluz que dañaría Doñana. “Un consumidor en Alemania no sabe lo que es Huelva o Doñana, les llegan las noticias y saben que la fruta producida en España tiene problemas legales, y eso es un problema de marca muy importante”, reflexiona Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana (CSIC).
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