“¡No me dejen morir!”, gritaba Yanelis Arias (42 años) según los vecinos, tras ser rociada con ácido del diablo. El pasado 20 de abril un hombre tocó la puerta de su casa identificándose como mensajero de una floristería. La entrega real fue rociarle un líquido letal en la cara y el cuerpo. Arias es una de las 14 mujeres víctimas de agresiones por este corrosivo y que se suma a las estadísticas de poco más de 81 feminicidios durante el año 2021, de acuerdo a los datos ofrecidos para este artículo por la Fundación Vida Sin Violencia. En lo que va de enero se han registrado cuatro más.
Yanelis Arias deja tres hijos en la orfandad. La dominicana era residente en Estados Unidos, pero se encontraba de vacaciones en la casa familiar en Tenares, en el municipio de la provincia Hermanas Mirabal, al noreste de la República Dominicana. Esta provincia lleva el nombre de las heroínas dominicanas (Patria, Minerva y María Teresa Mirabal), en cuyo honor se celebra cada 25 de noviembre el Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
El ácido del diablo ha destrozado la vida de 15 personas hasta el pasado 31 de diciembre, y 14 de ellas son mujeres, según los registros de la Unidad de Quemados Pearl F. Ort, del hospital Luis Eduardo Aybar de Santo Domingo. Los motivos registrados: “Violencia machista, celos, robo y envidia”.
La sustancia es una mezcla de distintos agentes que se convierte en un arma de alto poder corrosivo. Surge de la combinación de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido muriático y disolvente de pintura de vehículos, a los cuales se añade el denominado “plomerito” (sustancia para desatascar tuberías).
“Puede afectar los huesos y órganos vitales como el hígado y los riñones, así como causar ceguera y deformación permanente del rostro y otras partes del cuerpo”, explica el cirujano Eddy Bruno, director de la Unidad de Quemados Pearl F. Ort. Según el médico dominicano, llegan a urgencias de este centro entre 1.600 a 1.700 casos de quemaduras al año, de las que el 5% se debe a sustancias químicas. De ellas, un 4% son mujeres. “Casi todas llegan por una agresión por violencia de género”.
La tasa de mortalidad es baja, de acuerdo al galeno, quien afirma que en las supervivientes “quedan secuelas físicas y psicológicas para toda la vida”. El de Yanelis Arias está entre las estadísticas de esos “bajos índices de mortalidad”. Falleció a causa de un choque séptico provocado por las heridas. Hasta el momento, al cierre de este reportaje el 20 de enero de 2022, no se ha registrado ninguna nueva víctima por esta causa.
Violencia machista
La República Dominicana es el segundo país de América Latina y el Caribe, después de Honduras (4,7), con mayor incidencia de feminicidios en el 2020, de acuerdo a datos ofrecidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En Columna Digital caribeño, de cada 100 mujeres, 2,4 son asesinadas a causa de la violencia machista.
Según los datos de la Fundación Vida sin Violencia y a las estadísticas suministradas por la Procuraduría General de la República (PGR), de las 81 muertas durante el 2021, “62 fueron feminicidios íntimos”, es decir, cuando las víctimas han mantenido una relación de pareja con su verdugo.
“Uno de los problemas que tenemos es que las agredidas no habían denunciado en el 89% de los episodios de este año, ”, asevera la Procuradora Fiscal, Ana Andrea Villa Camacho, que también preside la Dirección de Violencia de Género del Ministerio Público.
Por su parte, la jueza Nancy Salcedo, que dirige la Comisión de Violencia de Género del Poder Judicial, justifica que ese 89% no denuncia “porque está pensando con el estómago”. “Se trata de un problema cultural, de una sociedad patriarcal y hasta un tema económico. En los juzgados nos encontramos con que las mujeres atacadas nos piden que liberemos al perpetrador porque ese hombre es quien mantiene a sus hijos. Dependen de ellos económicamente”, señala Salcedo, también asesora del Poder Judicial y jueza de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.
Impunidad
En muchos de los casos se suma la impunidad debido a la falencia de un Sistema Judicial y Ministerio de Interior y Policía débil; también a la falta de información y de registro oficial de atacados y, sobre todo, a la falta de coordinación entre las instituciones públicas competentes en el área. No existe, por ejemplo, un protocolo de actuación de notificación del Sistema de Salud Pública cuando una mujer ingresa en un hospital con evidencias de violencia machista, con las demás autoridades, como son: Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de la Mujer y del Poder Judicial. Se suman la incompetencia de los letrados de oficio, sobrecargados y sin preparación en materia de género, y el elevado precio de los abogados privados, entre otros escollos.
Es el ejemplo de Yomaira Aquino (26 años), quien fue atacada con ácido mientras dormía en su casa junto a sus dos hijos, durante la madrugada. No pudo ver a su victimario o victimaria, que entró por la puerta trasera de la vivienda de madera. Nunca recibió asesoría ni su situación se notificó a las autoridades cuando ingresó al hospital.
“Yo me enteré de lo que me había pasado cuando me dieron de alta, dos meses después. Estuve casi todo el tiempo inconsciente. Sospecho quiénes pudieron ser… Pero la Policía nunca presionó para que confesaran y a él [su marido] lo dejaron libre a los tres días. A ella [la amante del esposo], nunca la detuvieron. Los inspectores del cuerpo policial tampoco vinieron a mi casa, ni hubo investigaciones. Cuando me dieron el alta de la Unidad de Quemados, regresé a mi ciudad natal, a cuatro horas de la capital, y los viajes son muy costosos para seguir con el pleito. Tengo que centrarme ahora en recuperar lo que se pueda de mi rostro y mi salud”, explica la joven, madre de dos niños.
La misma queja elevó la familia de la fallecida Yanelis Arias a través de la Directora Ejecutiva de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer de la Provincia Hermanas Mirabal, Linabel González, a los medios locales. “El Ministerio Público nunca se acercó al centro de salud” para entrevistar a la víctima durante los 14 días que estuvo ingresada y “consciente”, afirman.
En el país no existe hasta la fecha ninguna institución o fundación específica para atender a los perjudicados por ácido del diablo. Las ayudas que reciben algunas son a través de personas independientes, autoridades públicas, ONG y fundaciones sociales muy orientadas a cirugías de reconstrucción, y muchas veces no se percatan de la necesidad también de apoyo psicológico especializado y protocolos de reintegración en el mercado laboral.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook y Twitter, o visitar nuestra pagina oficial.
La nota precedente contiene información del siguiente origen y de nuestra área de redacción.
