Bien sea por antígenos o PCR, los análisis para detectar casos de coronavirus se han convertido en un termómetro –aunque sea inexacto– para seguir la evolución de las nuevas oleadas de contagios durante la pandemia. En paralelo a los malabares diplomáticos y presupuestarios para acceder a las vacunas, los gobiernos de Latinoamérica expandieron su capacidad de testeo, pero ahora, en el momento en el que el número de casos alcanza un máximo histórico en la región —más de ocho millones en una semana—, se ven obligados a recalibrar sus estrategias de toma de pruebas ante la avalancha de positivos provocada por la llegada de la variante ómicron.
Las pruebas diagnósticas fueron las primeras herramientas que tuvieron los países para dimensionar la pandemia. Las de reacción en cadena de la polimerasa, que el mundo entero ya conoce por sus siglas inglesas (PCR), sirvieron para medir la altura de los primeros picos, si bien de manera imperfecta: entonces se hicieron patentes los límites de capacidad de unos sistemas de salud que necesitaban procesar miles de tests diarios. Cada uno de ellos requería maquinaria costosa, ingredientes reactivos y varias horas de personal especializado. Estos cuellos de botella dejaron a la mayor parte de los casos en América Latina sin diagnosticar en los primeros momentos de 2020. Pero poco a poco se ampliaron capacidades, y también se extendió el uso de un segundo tipo de prueba diagnóstica: la basada en antígenos, mucho más barata, fácil de usar y con resultados en quince o veinte minutos.
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Las de antígenos han sido y siguen siendo las predilectas para usos no estrictamente clínicos en la región y en el mundo entero, dada su rapidez y bajo coste. Sin embargo, en comparación con las PCR también son menos sensibles: eso quiere decir que, por regla general, su índice de falsos negativos es más alto. Es además posible que con ómicron esta sensibilidad sea un poco menor: algunos estudios preliminares que comparan positividad con antígenos y PCR han notado cierta erosión en su capacidad diagnóstica, que además varía entre marcas y proveedores.
Falsos negativos y la incertidumbre aumentando
Las pruebas diagnósticas están transitando hacia su segundo reacomodo durante la pandemia. Si primero pasaron de medidor público a evaluador privado esencial, ahora se convierten poco a poco en un ingrediente más en la cotidianeidad, una señal que debe contrastarse con otras a la hora de que hogares, empresas o gobiernos manejen el riesgo en cada instante.
Cada vez menos gente entiende como incuestionable un negativo en antígenos en una persona con síntomas compatibles con covid que vive relacionándose en zona de alto contagio, y el “por si acaso” se va imponiendo poco a poco como modulador del autodiagnóstico. Lo que no ha cambiado tanto en estos dos años es la distribución de la disponibilidad de este recurso. Las principales diferencias se dan entre países, pero también dentro de ellos: en sociedades desiguales, especialmente aquellas con acceso a salud que no es universal de facto, las pruebas frecuentes se parecen más a un bien de lujo que a uno garantizado por considerarse de primera necesidad.
Desde gobiernos que desincentivan el testeo masivo, como los de Andrés Manuel López Obrador en México o Jair Bolsonaro en Brasil, a los que los promueven como Argentina o los que priorizan a personas mayores o con comorbilidades como Colombia , así es la situación en diferentes países de la región:
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