La nueva Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que el Ejecutivo lleva al Consejo de Ministros este martes, abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer, si lo desean, una tasa para la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones (ZBE). La llamada “tasa de congestión” se aplica ya en algunas ciudades europeas como Estocolmo, Oslo, Gotemburgo (Suecia), Milán y Londres, y consiste en que los vehículos deben pagar para acceder al área central de la ciudad —con algunas excepciones, como los de residentes o repartidores—. En Londres, por ejemplo, la cantidad diaria es ya de 15 libras (unos 18 euros), una cifra que se ha ido incrementando en los últimos años.
Según el Ministerio de Transportes, algunos ayuntamientos españoles han solicitado que se incluya esta posibilidad en la nueva ley para que se pueda poner en marcha. Para que los municipios puedan crear este tipo de tasa es necesaria una habilitación con rango de ley, que se cubriría con la nueva norma. Además, de esta forma se garantiza que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada Ayuntamiento podrá decidir si implementa el peaje o no.
Las ZBE son áreas, situadas en su mayoría en el centro de las ciudades, en las que se prohíbe el acceso a los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire. Para ello, se tiene en cuenta el sistema de etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT): los coches de gasolina matriculados antes de 2000 y diésel anteriores a 2006 carecen de etiqueta. La etiqueta B se corresponde con coches de gasolina de entre 2000 y 2006 y diésel de 2006 a 2013. La C, de gasolina posteriores a 2006 y de gasóleo posteriores a 2014. Eco: los híbridos en general. Cero: los eléctricos o los híbridos con una autonomía de más de 40 kilómetros. En la actualidad tan solo existen dos ZBE en España, en Madrid y en Barcelona, pero la ley de cambio climático obliga a las 149 localidades de más de 50.000 habitantes —y a las de más de 20.000 más contaminadas— a crear áreas de este tipo antes de que acabe este mismo año.
La “tasa de congestión”, en cambio, va un paso más allá, y apuesta por cobrar una cantidad a los vehículos que entren en un área (aunque también se pueden contemplar excepciones). Normalmente, el dinero recaudado se suele emplear en mejorar el transporte público.
En Londres, una de las primeras ciudades que implantó la medida, cualquier vehículo que acceda entre las siete de la mañana y las seis de la tarde en días laborales paga una cantidad fija por la llamada congestion charging, que arrancó en unos 5 euros en 2003 y va ya por 18. Los residentes obtienen un descuento del 90% y las personas con discapacidad pueden circular gratis. El volumen de tráfico en la zona se ha reducido en más un tercio respecto al que suponía hace casi dos décadas.
El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, ya ha estudiado la opción de poner en marcha un peaje o tasa de congestión si la actual zona de bajas emisiones no consigue reducir lo suficiente la contaminación, tal y como confirma una portavoz municipal. “Pero no habrá una posición definitiva hasta que acabe el despliegue de la ZBE, que todavía tiene vigente la última moratoria para autobuses y autocares que finaliza el 1 de julio. Es decir, que no hay ninguna posición al respecto en este momento”, señala la portavoz.
Apuesta por la bicicleta
La nueva Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, de la que todavía no se conoce el texto completo, establece que las administraciones públicas velen por incentivar y promover los medios y modos de movilidad menos contaminantes, como caminar, la bicicleta y el transporte público. “Se trata dar alternativas atractivas al vehículo privado y de transformar el modelo de movilidad urbana”, señala Transportes.
El futuro texto señala que el Gobierno dispondrá de un Plan nacional de impulso al uso de la bicicleta, cuya elaboración, implantación, seguimiento y actualización corresponderá al Ministerio de Transportes. Un adelanto de ese plan se conoció el pasado junio con la presentación de la Estrategia Estatal por la Bicicleta. Este documento se centra en el impulso decidido a la movilidad activa y, en concreto, en el papel de la bicicleta en el sistema de transportes.
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En cuanto a la distribución urbana de última milla —el último paso en la entrega de paquetería: desde los almacenes a los domicilios—, la norma pretende crear una directriz metodológica. Este documento servirá de apoyo a las administraciones competentes en la planificación de la movilidad urbana, cuando aborden esta problemática en sus instrumentos de planificación.
Además, la ley introduce la obligación de que las empresas de 500 trabajadores (o 250 por turno) dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo, que se consideran una herramienta imprescindible para avanzar en la potenciación de este tipo de movilidad en el ámbito laboral. No se exige a las empresas un contenido mínimo de los planes ni que estos deban incluir necesariamente ningún tipo de medidas obligatorias, y las opciones son amplias: impulso de la movilidad activa (a pie o en bicicleta), transporte colectivo, movilidad eléctrica, movilidad compartida o colaborativa, flexibilización de la hora punta, teletrabajo…
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