La conexión entre la invasión rusa de Ucrania y las tierras indígenas de Brasil es mucho más tenue de lo que al presidente Jair Bolsonaro le gustaría. Con el falso argumento de que la respuesta a la temida escasez de fertilizantes por la guerra ucrania está en las reservas indígenas, el mandatario brasileño logró este miércoles por la noche que la Cámara dé un primer paso para aprobar un polémico proyecto de ley que pretende levantar el veto a las actividades mineras en esas tierras. Mientras sus señorías votaban, en la explanada ante el Congreso miles de personas escuchaban música y discursos. El cantante Caetano Veloso encabezaba un concierto para convencer a los parlamentarios de que rechacen los proyectos legislativos dañinos para el medioambiente y los indígenas.
Los diputados ganaron esta vez el pulso a Caetano Veloso, principal símbolo de la bossa nova y uno de los artistas más queridos por la izquierda brasileña. La Cámara baja convocó la sesión para coincidir con el evento reivindicativo. Aprobó con gran holgura (279 síes, 108 nos) tramitar el controvertido proyecto por la vía de urgencia. Es decir, que podría ir directamente al pleno, sin pasar por comisión. Ahora mismo las tierras indígenas, que suponen el 12% del territorio brasileño, son legalmente intocables, no se pueden explotar comercialmente.
Joédson Alves (EFE)
Los aliados de Bolsonaro en el Congreso iban recabando estos días apoyos gracias a ese argumento. Brasil tiene grandes reservas de potasio en la Amazonia, parte de ellas dentro y en torno a las tierras donde viven los indígenas. Pero además del veto legal, existen dificultades técnicas para extraer del subsuelo el potasio, necesario para los fertilizantes, que son, a su vez, esenciales para el sector agrícola de Brasil.
Caetano Veloso y el amplio elenco de artistas que le acompañaron en el concierto celebrado en el corazón político de Brasilia protestaban contra este proyecto de ley y otros muchos. Es lo que denominan el paquete del veneno, que incluye propuestas que pueden resultar catastróficas para Amazonia. Los críticos sostienen que van a debilitar los trámites para dar permisos medioambientales, el uso de pesticidas, la apropiación de tierras y la minería clandestina. Otra de las medidas, que está siendo contestada en los tribunales, impediría que los indígenas que fueron expulsados sus tierras antes de la Constitución de 1988 pudieran regresar a ellas.
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