Navarra impulsa una reforma legal para descentralizar la financiación de los ayuntamientos, retirando fondos a Pamplona, la capital, y aumentando los destinados a los municipios más pequeños. El propósito, defiende el Gobierno foral, es que todas las localidades dispongan de una cuantía mínima para hacer frente a gastos básicos e inversiones comunes, sin depender únicamente del número de personas allí empadronadas. Los 189 municipios que tienen menos de 1.000 habitantes, más del 80% del total, contarán con más dinero.
La reforma de la Ley de Haciendas Locales está previsto que se apruebe hoy en el Parlamento navarro con los votos a favor de los tres grupos que forman parte del Ejecutivo —PSN-PSOE, Geroa Bai y Podemos Ahal Dugu—, y de EH Bildu e Izquierda Ezkerra. En nuevo sistema solo cuenta con el rechazo de Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos), que además gobierna la capital. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, afirma que es un “palo para la ciudad” y advierte de que pone en peligro las competencias del Gobierno autonómico que está asumiendo el Ayuntamiento, como las escuelas municipales o ciertos servicios sociales.
Esta norma supone la redistribución de los fondos entre los 272 municipios de Navarra con cifras contundentes: 8 de cada 10 municipios mejora su financiación y solo hay una clara perdedora, Pamplona, que deja de contar con la Carta de Capitalidad.
Según las cifras aportadas por el Ejecutivo foral presidido por la socialista María Chivite, Pamplona dejará de recibir 1,7 millones de euros, un 2% menos que hasta ahora, si bien, deberá seguir prestando los mismos servicios. El consistorio pamplonés sostiene, sin embargo, que si se tiene en cuenta el IPC, las arcas municipales de la capital navarra contarán el próximo año con seis millones de euros menos para gasto corriente.
En total, se repartirán el próximo año alrededor de 310 millones de euros entre los municipios y concejos navarros para financiar los servicios que prestan a la ciudadanía, cuantía que irá aumentando sumándole dos puntos al IPC. Con el nuevo sistema, los más beneficiados serán los municipios de menos de un millar de habitantes.
Según detalla el Gobierno foral, se redistribuirá la financiación municipal teniendo en cuenta criterios como la población total, los habitantes en riesgo de pobreza, los mayores de 65 años, la superficie urbana pública, la dispersión y la recaudación de impuestos como el de actividades económicas o el de vehículos.
También pesarán los servicios que presta cada uno de los ayuntamientos. Se ha creado un fondo con cerca de 45 millones de euros para financiar, por ejemplo, las bibliotecas o la educación de 0 a 3 años. Se creará un Fondo de Cohesión Territorial para que la treintena de municipios que actúan como tractores de su zona, valle o comarca puedan disponer de más financiación para ofrecer servicios públicos básicos.
El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, reclama que se cree un grupo de trabajo con el Gobierno de Navarra para negociar la financiación de cada una de las competencias que, aun perteneciendo al Ejecutivo, son gestionadas y financiadas por el consistorio. Es el caso de las escuelas municipales de 0 a 3 años, que son gratuitas para el usuario y de las que el Ayuntamiento financia el 30%. Maya advierte de que si no acuerdan el modo de financiar esas “competencias delegadas”, el gobierno de Pamplona no podrá asumir el coste y podría incluso dejar de proporcionarlas.
El Gobierno de Navarra ha declinado por ahora sentarse a negociar la financiación de esas competencias. El director general de Administración Local, Jesús Mari Rodríguez, dice no entender “a qué viene esa queja” del Ayuntamiento de Pamplona cuando hay competencias municipales que son financiadas por el Gobierno foral como, por ejemplo, el transporte urbano colectivo, el servicio de bomberos o Protección Civil.
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