La decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de dejar parte de la investigación sobre el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en manos de la Fiscalía Anticorrupción ha resuelto el conflicto de competencias abierto con la Fiscalía europea, pero solo formalmente. El órgano comunitario no está de acuerdo con la solución y la considera “un desafío a la supremacía” del derecho de la Unión Europea. En un durísmo comunicado emitido este miércoles, la Fiscalía europea censura la postura de Delgado, que el pasado lunes decidió, con el apoyo unánime de la Junta de Fiscales de Sala, dividir en dos la investigación sobre el contrato de venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid del que cobró Tomás Díaz Ayuso. Para la Fiscalía europea, “esta decisión no se ajusta al derecho de la UE” por lo que el órgano advierte de que “ha tomado nota”, pero “continuará la investigación”.
Este es el segundo comunicado que emite la Fiscalía europea sobre este asunto, después de que el lunes, horas antes de la reunión de Delgado con la Junta de Fiscales de Sala de la que debía salir una decisión sobre quién era competente para investigar al hermano de la presidenta madrileña, el órgano europeo difundiera un escrito en el que aseguraba tener la “competencia preferente” para investigar “todos los delitos relacionados” con un posible fraude a los intereses financieros de la Unión Europea (las mascarillas se pagaron con fondos Feder) y reclamaba el caso para evitar “duplicidades”. Delgado, sin embargo, optó por desgajar la causa para que Anticorrupción mantuviera la parte de la investigación que, en principio, no está vinculada a los fondos europeos, lo que ha provocado de nuevo la reacción del órgano comunitario. La decisión de Delgado implica que los fiscales europeos investiguen presuntos delitos derivados del mal uso de los fondos de la UE y Anticorrupción se centre en los presuntos delitos que afectan directamente al funcionamiento de la Administración pública española (como tráfico de influencias, falsificación de la facturación o negociaciones restringidas a los funcionarios).
Conflicto de competencias
Lo Fiscalía europea reprocha a Delgado que no haya planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE para que fuera este quien tomara una decisión, tal y como sugirieron los fiscales comunitarios en su anterior escrito. Según estos, renunciar a que sea la justicia europea quien ejerza su “mandato exclusivo” de velar por la correcta interpretación del Derecho europeo “constituye un desafío a la supremacía del Derecho de la UE”.
La ley que regula el funcionamiento de la Fiscalía europea establece que este departamento es competente para investigar los delitos que afecten a los intereses financieros europeos, pero también aquellos que se hallen “indisociablemente vinculados” a ellos. La cuestión, por tanto, era decidir si la investigación de la presunta malversación de fondos en la compra de las mascarillas podía separarse del resto de posibles delitos relacionados con la adjudicación del contrato, y Delgado determinó el lunes que la investigación sí podía desgajarse, lo que implica que la Fiscalía europea investigará solo el presunto mal uso de los fondos Feder y Anticorrupción, el resto.
Lo que la Fiscalía europea censura es que haya sido Delgado la que decida esta división, puesto que ella “es el superior jerárquico del cuerpo nacional y, por tanto, parcial en el procedimiento en curso”. Los fiscales europeos reprochan también que esta decisión se tomara sin escuchar “a las dos partes” en la Junta de Fiscales de Sala, a pesar de que la ley española, según los fiscales europeos, no prevé “ningún remedio” para resolver conflictos como este.
En un decreto firmado el pasado lunes, Delgado defiende, sin embargo, que su decisión está basada en el Reglamento de la UE para la creación de la Fiscalía Europea, de 2017, y cuyo artículo 25.6 deja en manos de “las autoridades nacionales” la decisión de quién será competente para la investigación “en caso de discrepancia entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales que ejercen la acción penal […]”. Basándose en esta norma europea, el artículo 9 de la ley orgánica que regula en España la creación de la Fiscalía europea, de 2021, establece que “en caso de discrepancias entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía nacional” sobre si una investigación puede dividirse en dos la decisión corresponde a “la persona titular de la Fiscalía General del Estado”. Tras esta normal, el Estatuto del Ministerio Fiscal se modificó para introducir que el fiscal general tomará esta decisión “tras oír a la Junta de Fiscales de sala”.
Este es el primer conflicto de competencias que surge entre la Fiscalía española y la europea, un órgano independiente que empezó a funcionar en junio de 2021 para investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE. La Fiscalía española asume que la europea es la competente para investigar si el dinero pagado por la Comunidad de Madrid con fondos Feder a la empresa con la que colaboraba el hermano de Díaz Ayuso se empleó realmente en eso. Pero Delgado sostiene que esa competencia no arrastra toda la causa porque hay una parte de la investigación que afecta “directa y esencialmente a intereses nacionales” y debe ser investigada por Anticorrupción.
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