Las quejas y los requerimientos han llegado en menos de una semana de instancias gubernamentales estadounidenses y del Partido Demócrata, la formación del presidente Joe Biden. Por la vía de pronunciamientos oficiales, documentos internos y cartas, las peticiones tienen que ver con la tramitación de la reforma eléctrica en México, el apoyo a Rusia de sectores del oficialismo y, por último, la actuación del poder judicial. Todas interpelan de alguna manera al Gobierno de AMLO, a su movimiento o a figuras cercanas a él, como el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Y todas se han dado después de la reciente visita de John Kerry, enviado de la Casa Blanca para el Clima, centrada en la política energética de la Cuarta Transformación. La temperatura entre ambos países sube en un momento crucial en el que tanto Washington como México ponen énfasis en su propósito de avanzar en la integración regional de América del Norte.
La última voz de alarma salió del despacho del veterano legislador demócrata Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. En un escrito dirigido a Antony Blinken y al fiscal general de Estados Unidos, firmado también por otros tres senadores demócratas, se manifiesta la profunda preocupación por unos “procedimientos judiciales aparentemente selectivos”, llegando a referirse a unas “vendettas personales” de Gertz Manero. El procurador mexicano se encuentra precisamente en el ojo del huracán por las acusaciones de haber tratado de maniobrar en un caso personal contra su familia política por la muerte de su hermano. En cualquier caso, la carta, adelantada por Associated Press, no es la única muestra de este clima. El lunes el representante demócrata promovió una petición para retirar las visas a 25 legisladores de Morena, el Partido del Trabajo y del PRI que crearon un grupo de amistad con Rusia y manifestaron su apoyo a Vladímir Putin en el Congreso en plena agresión a Ucrania.
La semana pasada Washington transmitió sus “importantes preocupaciones” por la reforma eléctrica y este jueves, tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar la ley que cambia la regulación del sector, paralizada desde hace un año en los tribunales, el embajador Ken Salazar dio un paso más. “El Gobierno de Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. Es en este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión”, advirtió.
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López Obrador ha rechazado de plano los señalamientos de los legisladores demócratas. “Son, con todo respeto, mentirosos, porque no es cierto. A lo mejor están mal informados”, ha afirmado en su conferencia de prensa matutina. “Y qué bueno que nada más son cuatro, porque cuatro golondrinas no hacen verano. Pero ¿qué voy a contestarles?, o sea, nada. Y van a seguir así, y ojalá y sean pocos”, ha continuado. El presidente mexicano ha adelantado que a finales de abril tiene previsto reunirse en el sureste con senadores estadounidenses para abordar programas de desarrollo en Centroamérica y “enfrentar el fenómeno migratorio”.
“Pero están desinformados”, ha insistido. “Yo no tengo ninguna vinculación más que de respeto con el fiscal Gertz Manero. Ya no es el tiempo en el que presidente daba instrucciones en el poder judicial, en la Suprema Corte, en la Procuraduría, no; ahora hay un auténtico Estado de derecho, no hay un Estado de chueco”, ha asegurado López Obrador, quien siempre ha defendido sin matices la actuación del fiscal general de la República. Y ha ido más allá: “A la gente no le gusta eso. Cómo le va a gustar al pueblo de México que vayan los conservadores a Estados Unidos o a cualquier otra parte a acusar a un Gobierno legal, legítimamente constituido”.
Para el mandatario se trata de episodios de “injerencismo”. Ha hablado abiertamente de “cabildeo” relacionado con la reforma eléctrica, cuya viabilidad está precisamente en manos de la justicia tras quedarse en punto muerto en el Congreso por la falta de apoyos. Y también ha criticado a las voces que piden revocar las visas a los diputados que se volcaron con el Kremlin. No obstante, conviene tener en cuenta también el marco de las relaciones bilaterales. En primer lugar, la estabilidad económica y comercial, tanto de México como de Estados Unidos, depende, entre otros factores, del cumplimiento del tratado comercial T-MEC que la política energética de la Cuarta Transformación cuestiona al poner en manos de una empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la gestión mayoritaria del mercado eléctrico.
En segundo lugar, estas tensiones, a las que se suman las objeciones de la Casa Blanca por la política migratoria de México y la estrategia para detener la crisis de seguridad, se producen siempre sin confrontación directa entre López Obrador y Biden. La sintonía entre ambos se ha palpado cuando han coincidido y en sus declaraciones públicas siempre resulta evidente. Ni siquiera hay tiranteces importantes entre el canciller, Marcelo Ebrard, y su homólogo, el secretario de Estado, Blinken. Sin embargo, la Administración estadounidense está sujeta a una coalición amplia en la que distintos sectores, legislativos, económicos, sociales y vinculados a los derechos humanos presionan al presidente para que sea más estricto en su relación con México. Y los funcionarios de Washington han dado sobradas muestras de su intención de apretarle las tuercas al presidente.
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