Frida Alondra acababa de cumplir los 14 años de edad. El viernes 8 de abril salió de su casa en Cuajinicuilapa, municipio en el estado de Guerrero, rumbo a la comunidad de Juan Bautista Lo de Soto, en el vecino Estado de Oaxaca (a unos 14 kilómetros de distancia), para asistir a las fiestas del viernes de Dolores en esa localidad. Frida ya no volvió a su hogar. Pasaron tres días para que encontraran su cuerpo, después de que su familia la reportara como desaparecida.
Medios locales reportaron que fue encontrada sin vida el martes 12 de abril, en estado de descomposición y presuntamente con disparos en el cuerpo. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó en un comunicado que se ha abierto una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.
Las violaciones a los derechos de las mujeres en estos dos estados del sureste mexicano son continuadas. En ambas entidades están vigentes Alertas por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), un mecanismo de protección establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, creada por el Estado mexicano, pero ineficiente y desbordada en la mayoría de los casos donde se han aplicado.
Según datos del Gobierno federal, de las 25 declaratorias de AVGM emitidas desde 2015, se han acumulado 552 medidas recomendadas a gobiernos y órganos autónomos locales, para que las implementen y se trabaje para terminar con la violencia feminicida. Sin embargo, la realidad es otra.
El colectivo Mujeres Afromexicanas en Movimiento, Muafro, ha llamado a los gobiernos estatales y federales para que el caso de Frida Alondra, quien pertenecía a una comunidad afrodescendiente, sea tratado con perspectiva intercultural y de género. “Este acto de violencia extrema contra una joven afromexicana no es un hecho aislado, se da en un contexto de impunidad y violencia generalizada en nuestros territorios y en Columna Digital. Y donde sistemáticamente se invisibilizan las violencias que vivimos niñas, adolescentes y mujeres afromexicanas y que no existen programas, estrategias o políticas públicas culturalmente diferenciadas que combatan de manera frontal la violencia de género”, han dicho en un comunicado.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, también se pronunció al respecto, y solicitó que la Fiscalía de ese Estado colabore con autoridades oaxaqueñas para esclarecer el feminicidio. “He solicitado de manera respetuosa a la Fiscalía General del Estado de Guerrero coadyuvar con su homóloga del Estado de Oaxaca, para la investigación de manera expedita, con perspectiva intercultural y de género, de este caso que nos duele y enluta al pueblo guerrerense”, ha publicado en su cuenta de Facebook.
Más de dos millones y medio de mexicanas y mexicanos se autoidentifican como afromexicanos. La mayoría de ellos viven en zonas de alta marginalidad, como lo es la Costa chica de Guerrero y Oaxaca. Estas comunidades han quedado relegadas de ser partícipes de políticas públicas incluyentes. Es por eso que el colectivo Muafro exige, además, que sean usadas estas consideraciones para investigar el feminicidio de Frida Alondra. “Exigimos al Estado Mexicano datos desagregados que permitan nombrar y visibilizar las múltiples violencias, condiciones de vulneración de derechos y marginación en las que el racismo estructural, institucional y sistémico ha colocado históricamente a niñas, adolescentes y mujeres afromexicanas ante el silencio de una sociedad cómplice”, concluyen en su comunicado.
Colectivas del municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, de donde era originaria Frida Alondra, han anunciado que el próximo lunes, 18 de abril, estarán organizando una marcha pacífica e inclusiva para pedir justicia y que el caso de Frida no se replique.
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