Nadie votará que sí. El PRI insiste en que sus diputados guardarán la disciplina de partido y rechazarán la reforma eléctrica del Gobierno que se vota el domingo en la Cámara de Diputados. Aseguran que el parlamentario de su formación que anunció el miércoles que dará su apoyo a Morena, Carlos Miguel Aysa, es un caso aislado, casi una manzana podrida por intereses familiares: su padre, Miguel Aysa, es el tercer exgobernador priista reconvertido en embajador de Andrés Manuel López Obrador. La fuga de cuadros del PRI hacia Morena es cada vez mayor pero desde el histórico partido mexicano siguen garantizando que ellos no serán la bisagra que necesita Morena para sacar adelante la nueva política energética, uno de los proyectos bandera de López Obrador.
“Votaremos en contra de la reforma eléctrica”, repiten desde todos los flancos del partido. El último ha sido el coordinador de la bancada en el congreso, Rubén Moreira, que ha anunciado que tomarán “todas las previsiones posibles para que ningún bloqueo nos impida estar el domingo y votar en contra de la reforma propuesta por el Ejecutivo federal”. El líder del partido en la Cámara lanzó otro aviso a sus compañeros de bancada: “quien falte sin causa justificada se entenderá que apoya la iniciativa del Gobierno” y recordó que “quien vote a favor está faltando con el mandato del órgano de gobierno priista”.
Morena necesita el apoyo de tres cuartos de la cámara para sacar adelante los cambios en la Constitución que le permitan el desmantelamiento parcial de la liberalización del sector eléctrico impuesta, precisamente, por el último gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Además de los votos de Morena y sus aliados, son exactamente 56 diputados de la oposición -contando con que ya tienen el voto priista de Aysa- los necesarios para desbloquear la iniciativa en el congreso el domingo. Una votación que ha ido retrasándose desde los pronósticos iniciales fijados para otoño del año pasado. La fecha final impuesta por Morena, domingo de resurrección, en plenas vacaciones de Semana Santa, es una muestra de los tiras y aflojas continuos que se han vivido durante los últimos meses.
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Los 71 diputados del PRI han estado en la diana de López Obrador casi desde el día después de las elecciones del año pasado, que configuraron el nuevo mapa parlamentario donde Morena ya no dispone de la mayoría necesario para los cambios constitucionales y le obliga a pactar. Consciente de su posición estratégica como tercera fuerza parlamentaria, la dirección actual del PRI fue deslizando unas declaraciones meditadamente ambiguas que abrían la posibilidad tanto a negociar con el Gobierno como con la oposición, dejándose querer por ambos bloques en busca de contraprestaciones.
La postura del PRI despertó las críticas entre el resto de la oposición, unida desde el año pasado en una alianza a tres bandas con el PAN y el PRD. “Respeto mucho a los compañeros de la alianza, pero no nos puede motivar a que nosotros hagamos lo mismo, que es polarizar al país”, sostenía en marzo del año pasado el mismo Moreira que hoy clama que “somos opositores claros a la iniciativa de la Reforma Eléctrica que se recibió y somos parte de un bloque con los partidos PAN y PRD cuyos dirigentes nacionales se han manifestado en contra de la propuesta”.
La dirigencia del partido tricolor puso públicamente fin a la ambigüedad hace dos semanas rechazando tajantemente cualquier fisura. Morena ha decidido sin embargo seguir adelante con el texto intacto de la propuesta que lanzó el año pasado y que ha sido criticado también por EE UU y empresas involucradas en el sector. La propuesta del presidente plantea limitar la participación privada en la generación eléctrica a un 46% y privilegiar las centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) La la oposición ha criticado que la iniciativa llevaría a un aumento de las emisiones de gases contaminantes y a un encarecimiento de la electricidad.
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