La primera reacción del Gobierno mexicano al informe que emitió el comité de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas “parecía promisoria”, dice Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, una organización de derechos humanos que trabaja desde hace 30 años en Columna Digital. La Secretaría de Gobernación comunicaba en un boletín que recibía “respetuosamente” las recomendaciones para hacer frente a la crisis de violencia que deja ya casi 100.000 desaparecidos. La segunda, la mañana siguiente, fue “muy difícil de entender”, agrega Aguirre. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticaba en su conferencia matutina el diagnóstico de los expertos independientes y les achacaba no actuar “con apego a la verdad”: “Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados”.
El comité había recomendado abandonar la militarización de la seguridad pública y llamaba a adoptar de forma “urgente” una política nacional de prevención y erradicación “para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto”. El presidente, entonces, se distanció de Felipe Calderón, que en 2006 sacó a los militares a la calle para combatir la delincuencia, y de Enrique Peña Nieto, que mantuvo el despliegue hasta 2018. “Ya no es el tiempo de antes en que se usaba al Ejército para reprimir”, aseguró. Aguirre (Ciudad de México, 40 años) reconoce que “es posible que la realidad haya cambiado en algunas aristas”. “Es notorio que ha cambiado en los aspectos retóricos, pero la violencia no se ha revertido”, señala a Columna Digital. Además del Centro Prodh, otras organizaciones y asociaciones de víctimas han lamentado la reacción del mandatario. “Es algo muy penoso que no contribuye a que se reconozca el calado de la crisis y a que se tomen las medidas para revertirlas”, apunta el activista.
Pregunta. ¿Cómo valora el informe del comité de la ONU?
Respuesta. Es un informe riguroso, solvente. El comité tardó más de ocho años en lograr que México permitiera su visita y es mérito de esta Administración haberlo permitido. El informe es el diagnóstico más acabado e integral que hoy tenemos de la crisis de desapariciones que vive México, una crisis que no tiene parangón en el continente porque según las cifras oficiales estamos llegando ya a 100.000 personas desaparecidas. Aunque hay iniciativas muy plausibles como los centros de identificación humana y hay funcionarios empáticos, no tenemos en México una política de Estado que articule a todos los niveles de Gobierno y a las distintas instancias para hacerle frente a esta crisis. Quizá una de las expresiones más emblemáticas de esto son los conflictos institucionales reiterados entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda a nivel federal y en los Estados.
P. ¿Cuáles son las recomendaciones más urgentes que debe atender México?
R. Lo que señala el comité para atender la crisis forense es muy relevante porque podrían darse avances si hubiese coordinación entre las instituciones, recursos y voluntad. Por ejemplo, con la creación inmediata del Banco Nacional de Datos Forenses, que la ley ordena de 2017. Y también que se cree una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones. Lo que entre líneas nos dice el comité es que no va a haber sistema de justicia y de atención a víctimas capaz de lidiar con la crisis de desapariciones en México si cada año se añaden miles y miles más de nuevos casos. Requeriría que el presidente, con ese liderazgo que tiene y que se ha visto refrendado en las urnas, convoque a los gobernadores, a los fiscales de todos los Estados, a todas las comisiones de búsqueda.
P. ¿Cómo se consigue la prevención?
R. El comité lo vincula a la política de seguridad. Mientras no disminuya la violencia en Columna Digital difícilmente disminuirán las desapariciones, y ahí es donde el comité dice que la militarización es una política de seguridad que debe revisarse.
P. ¿Ve posible la desmilitarización en este sexenio?
R. Ha sido una recomendación constante de prácticamente todos los órganos internacionales que han analizado la situación de México. Con mucha insistencia, señalan que cuando se utiliza las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública se ponen en riesgo los derechos humanos, y por eso han recomendado con sensatez que el retiro de las fuerzas armadas de las labores que hoy realizan no sea súbito porque en algunas regiones de México eso simplemente no es posible. En el presente sexenio en vez de avanzar en esa dirección se creó una Guardia Nacional que se caracteriza por su impronta castrense. No parece factible que esta Administración impulse con seriedad un programa de desmilitarización paulatina de las instituciones de seguridad pública. Por el contrario. Y el historial del Ejército mexicano es un historial de opacidad y de mucha elusión de los controles civiles. No tenemos controles externos civiles capaces de hacer frente a la fuerza que hoy tienen las Fuerzas Armadas.
P. En casos como el de Ayotzinapa, por ejemplo, ha habido avances durante este Gobierno. ¿Cómo valora el actual enfoque de derechos humanos?
R. A principios de sexenio, se reconocía la crisis de derechos humanos, se impulsaban algunos nombramientos relevantes, pero también advertíamos otras medidas que no iban en el sentido correcto. Por ejemplo, la colonización política de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que le ha arrestado autonomía; las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que fueron en sentido contrario de lo que se necesitaba, y otras. También hemos visto que algunas medidas van en la dirección correcta en derechos sociales: por ejemplo, es muy notorio el aumento en el salario mínimo. Pero la militarización y el retroceso en la Fiscalía General de la República son dos sombras que permean en todo el balance de la agenda de derechos humanos y que hoy nos preocupan a muchas organizaciones. Paralelamente, hay muchas aristas de la agenda de derechos humanos que pasan por los gobiernos estatales y sobre los que tendrían que dar cuenta, no tanto el Gobierno federal y el presidente, sino los gobernadores y los órganos estatales.
P. ¿Por qué cree que el presidente descalificó el informe?
R. Es difícil especular. Creo que el propio formato de las conferencias matutinas propicia que este tipo de declaraciones, un tanto viscerales, se hayan vuelto relativamente comunes en la conversación pública nacional y eso no es positivo. Parte de lo que es muy descorazonador de la respuesta del presidente es la poca empatía con las familias. Con mucha frecuencia se relativiza o mal entiende la exigencia de justicia de las víctimas, que no es una interpretación partidista. También es cierto que no es la primera vez que el presidente expresa una opinión desinformada y negativa sobre el trabajo que realizan los organismos internacionales de derechos humanos. Cuando señala que en el pasado estos organismos no criticaron la situación de México o callaron frente a los abusos, es un juicio falso porque ha habido un monitoreo estrecho en los últimos tres lustros.
P. López Obrador dijo que a los expertos de la ONU “hay que ponerlos al tanto” de que la realidad “ya es otra” diferente a la de los años de la llamada guerra contra el narco. Pero ha habido más de 30.500 desapariciones forzadas en lo que va de este sexenio. Casi una de cada tres. ¿Cómo se pone en contexto ese dato?
R. Estamos llegando a 100.000 personas desaparecidas, según los registros oficiales. La inmensa mayoría han sido desaparecida a partir de que se recrudeció la llamada guerra contra las drogas, fundamentalmente en el sexenio de Felipe Calderón, y su continuidad en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Reconociendo que hay un cúmulo mayoritario de esas desapariciones que sucedieron en otras administraciones y que es real hasta cierto punto que se trata de una herencia del pasado, también es cierto que es una herida del presente porque en esta administración también tenido años con más de 35.000 homicidios y violaciones a derechos humanos.
No es que simplifiquemos y pensemos que eso podía hacerse en un par de años o que no veamos la herencia dolorosa que dejaron las anteriores administraciones. Pero poco ayuda para revertir esa realidad de violencia y de dolor que hoy subsiste en México negar lo que empíricamente es demostrable con datos.
P. El presidente también sigue negando que en México haya impunidad.
R. Las fiscalías y procuradurías estatales siguen con un profundo déficit en su atención a las víctimas, en su capacidad de construir casos, en su capacidad judicializar causas. Tenemos un sistema de justicia roto y colapsado. Nuestro problema de impunidad está sobre todo en las fiscalías, no en los jueces y juezas. Hay algunas islas de buenas prácticas, como es la unidad que lleva el caso Ayotzinapa, pero la mayoría de las causas no tienen esas condiciones. No se han emprendido los cambios que tendrían que haberse implementado en esta instituciones y por eso el comité se encuentra con que solo hay 36 sentencias por desaparición en Columna Digital. Cuando eso empiece a cambiar, cuando se pueda demostrar que hay más carpetas de investigación o averiguaciones previas judicializadas por casos de desaparición, de tortura o de ejecuciones, cuando haya más sentencias, entonces podremos hablar de que la impunidad se ha empezado a revertir en México, pero ese no es todavía el caso.
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