El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) adquirió en la primera mitad de la pasada década el sistema Pegasus, el programa de la empresa israelí NSO utilizado para espiar a 63 líderes del procés (incluido Pere Aragonès y otros tres expresidentes de la Generalitat), según Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canadá). El servicio secreto español, según fuentes próximas al mismo, pagó en torno a seis millones de euros para hacerse con el equipo, aunque el coste total depende de su uso. El argumento que se dio para adquirirlo era que no estaba destinado a ser usado en España, sino en el extranjero, donde los espías deben operar al margen de la ley, con el beneplácito, o no, de sus homólogos del país anfitrión.
Para actuar en España, aseguran las mismas fuentes, el centro de inteligencia no necesitaba el Pegasus, ya que la ley de control judicial previo del CNI prevé que un magistrado del Supremo, designado al efecto por el Consejo General del Poder Judicial, autorice aquellas actividades de los espías españoles que afecten a derechos fundamentales: en concreto, el secreto de las comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio. Cuando hay que interceptar un teléfono se presenta la autorización judicial a la compañía operadora de las comunicaciones y la interceptación se realiza en la propia central, sin necesidad de acceder a la terminal en poder del usuario. Obviamente, esta posibilidad no existe en el extranjero.
¿Quiere eso decir que el CNI no espió a los independentistas catalanes? Los portavoces del centro de inteligencia se limitan a repetir que este “actúa siempre con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico”. En España, se entiende.
Eso significa que, de haber interceptado los teléfonos de los líderes del procés, lo habría hecho con permiso judicial. Y este permiso podría existir, pues la ley prevé que el CNI lo haga, con autorización del juez, siempre que sea necesario “para el cumplimiento de las funciones asignadas al centro”. Y entre esas funciones figura, según la ley de creación del CNI, la de “prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de España”. Más específicamente, desde 2015 el servicio secreto cuenta con una Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales, entre cuyos cometidos figura recopilar información sobre organizaciones independentistas. Pegasus no solo permitiría interceptar las comunicaciones de los usuarios de los móviles, sino también acceder a sus archivos e incluso controlar a distancia su micrófono y monitorizar en tiempo real sus actividades.
Sin embargo, las fuentes consultadas señalan que el CNI no se aventuraría a pinchar masivamente a dirigentes políticos y cargos institucionales, como es el caso, y tampoco el magistrado del Supremo se jugaría su carrera autorizándolo. Y menos con un programa extranjero que, como se ha visto, deja rastro.
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