María Josefa O.A., empleada del Servicio Gallego de Salud (Sergas) en el departamento de admisión del Hospital Xeral Cíes de Vigo, accedió hace una década en 68 ocasiones al historial clínico de su hija presuntamente sin su consentimiento. La paciente, que arrastraba problemas de salud derivados de trastornos alimentarios y, según su madre, sufría malos tratos de su pareja, la denunció acusándola de estar obsesionada por controlar su vida desde que se independizó y se fue a vivir con su novio a Canarias. La mujer está inmersa desde entonces en un calvario judicial. Fue absuelta dos veces —en 2019 y 2021— por la Audiencia de Pontevedra de un delito de revelación de secretos por parte de funcionario, pero esta semana ha vuelto a sentarse en el banquillo.
Los recursos de la acusación contra los dictámenes de la sección quinta de la Audiencia pontevedresa, con sede en Vigo, desembocaron en la repetición del primer juicio y, después, en la anulación de la segunda sentencia. En ambos casos, tanto en 2019 como en 2021, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) apreció falta de motivación en los fallos judiciales, por lo que la acusada ha regresado al banquillo. Afronta una condena de 4 años de prisión, 9 de inhabilitación y multa de 7.200 euros, además de una indemnización de 15.000 euros que solicita su hija por daños morales.
Con un tribunal formado por magistrados de fuera de esta jurisdicción gallega para garantizar la imparcialidad de la sala, la vista volvió a ceñirse a la complicada relación entre madre e hija y una vez más quedaron dudas sobre si la actuación de la funcionaria fue delictiva. El fiscal mantiene que esas intromisiones en la intimidad, que se desarrollaron entre 2012 y 2014, no se pueden justificar por la preocupación de la procesada por su hija, sino por su intento de “escudriñar” en su vida privada. El ministerio público no considera creíble que la denunciante le diera permiso a su madre para acceder a su historial porque la relación entre ambas “era inexistente y patológica”. Sin embargo, ha reconocido que no hay pruebas de que la acusada difundiera la información obtenida.
La madre, viuda y con otros dos hijos, solo respondió a las preguntas de su abogado. En su declaración del pasado lunes, insistió una y otra vez en que siempre actuó con el consentimiento de su hija porque esta atravesaba por una etapa personal muy difícil cuando en 2007 se marchó a Canarias con su novio, que, según la acusada, era consumidor de cocaína, y al que llegó a denunciar por malos tratos. Tras la ruptura, la chica regresó con su madre, aunque después volvió a convivir con su pareja, por lo que ha reconocido que la relación entre ambas era muy difícil. “Me pedía analíticas y consultas sobre medicación porque tenía problemas psiquiátricos y depresión, y yo solo quería ayudarla”, proclamó la acusada.
“Mi madre era controladora”
La acusación particular ejercida por su hija ha intentado desmentir la versión de la madre a la que llegó a culpar de los trastornos psicológicos que padece la hija y que, según esta, se agravaron a raíz de vulnerar su intimidad. “Mi madre era una mujer controladora que estaba obsesionada conmigo y yo nunca le autoricé a consultar mi historial”, afirmó. Sin embargo, la denunciante admitió que nunca llegó a recriminarle a su madre que accediera a sus datos clínicos porque no tenía relación con ella, por lo que se limitó a denunciarla ante el Sergas.
En las precedentes sentencias se constató que la acusada accedió al historial de su hija pero sin poder acreditar que lo hubiera hecho sin autorización de su hija. Los fallos absolutorios advertían incluso de que podría haber “motivos espurios en la denuncia” por la mala relación entre ambas, por lo que exculpó a la madre en contra del criterio de la Fiscalía. “Nos remitimos al estrecho vínculo entre las partes que lleva a considerar como hipótesis razonable la existencia de un consentimiento no escrito, y sin dejar de valorar el carácter disfuncional de la relación, lo cierto es que ello no ha impedido a lo largo del tiempo que entre madre e hija se hayan vivido periodos en los que han mantenido relación y en los que ha vivido en el domicilio familiar”, incidía uno de esos fallos.
En las ocasiones anteriores, la sala se topó únicamente con las versiones contradictorias de las partes, debiendo valorar si la declaración de la víctima, que niega el consentimiento, “puede valer por sí sola para desvirtuar el principio de presunción de inocencia”, expuso el tribunal. El TSXG ordenó repetir el juicio al considerar que se habían vulnerado las reglas de distribución de la carga de la prueba, que hubo error en la valoración de ésta y que faltó una explicación razonada. La acusada hizo uso de su derecho a la última palabra para desmentir todas las acusaciones: “Lo siento, yo no mentí pero mi hija sí y les ha engañado a todos”. “Adoro a mi hija”, concluyó durante el segundo juicio, tras recordar que la chica tuvo una infancia y adolescencia normales hasta que comenzó una relación con un hombre que la ha sometido a malos tratos y que la tiene “totalmente anulada”.
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