Cargos públicos y funcionarios del Ayuntamiento de Valencia recibieron, al menos, siete millones de euros en comisiones ilegales en metálico y en regalos a cambio de favores urbanísticos entre 1999 y 2013, según el sumario del caso Azud de corrupción, cuyo secreto acaba de ser levantado. En esos años, el consistorio de la tercera ciudad de España estaba presidido por la popular Rita Barberá.
La red, diseñada por el empresario Jaime Febrer, realizaba los pagos de esas comisiones a través de cuatro vías, según un auto de la jueza instructora: en la mayor parte de los casos, las comisiones se abonaban en efectivo; en otros, se confeccionaban y suscribían contratos ficticios que permitían canalizar los pagos de esas comisiones. En algunas ocasiones, se registraban compraventas de inmuebles por un precio inferior al realmente abonado, “que redundaba directamente en beneficio para los cargos públicos y funcionarios”. La última fórmula para el pago de favores eran los regalos “de toda índole” que, según la jueza, “no podían ser considerados como una atención normal dentro de las normas sociales”. Esos obsequios incluían botellas de vino (de hasta 240 euros), plumas, maletas de lujo, relojes, portafolios, jamones o colgantes. Todos esos regalos se reflejaban en un listado que el propio Febrer confeccionaba cada año.
Los principales beneficiarios de las supuestas mordidas fueron el entonces vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, y José María Corbín, casado con una hermana de Rita Barberá, quien, además, ejercía de jefa de gabinete de esta. En la trama también figuran el portavoz del grupo municipal socialista, Rafael Rubio, que formaba parte del consejo de administración de la entidad pública municipal Aumsa, y el abogado José Luis Vera, “que desarrollaba sus influencias políticas y familiares” para lograr los objetivos del empresario Febrer.
La investigación comenzó con una denuncia de la Agencia Tributaria y desembocó en la constatación de que la empresa del cuñado de Rita Barberá “debía casi el 80% de sus ingresos a pagos efectuados consistentes en comisiones ilícitas”. Estos pagos eran desembolsados, según la jueza, “como consecuencia de diversas adjudicaciones o decisiones del Ayuntamiento de Valencia o de alguno de sus entes públicos”.
El mayor beneficiario de las mordidas fue, según el sumario, Alfonso Grau, que presuntamente percibió de la trama Azud dos millones de euros. El exvicealcalde ya fue condenado en junio de 2019 a cuatro años de cárcel por cohecho y blanqueo de capitales por aceptar relojes de lujo como regalo de un empresario que era contratista del Ayuntamiento. Grau, según la investigación, recibió una parte importante de la mordida en efectivo y otra a través de una empresa familiar que compraba inmuebles por un valor muy inferior al real, ya que el vendedor era el propio Febrer. Las pesquisas han desvelado que Grau ingresaba parte del dinero en efectivo en sus cuentas mediante depósitos recurrentes de menos de 3.000 euros (la técnica llamada pitufeo) para tratar de evitar que saltaran las alarmas antiblanqueo del banco.
Una de las operaciones en las que participó fue la compra, por parte del Ayuntamiento de Valencia, de dos casas que tres meses antes había adquirido Febrer. El pago de las mismas no se realizó en metálico, sino con una permuta de un solar. Frente a los 322 metros cuadrados que medían los inmuebles, el solar tenía una extensión de 2.819 metros cuadrados, y frente a los 243.650 euros que el empresario pagó por las casas, percibió un solar valorado en cerca de 390.000.
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Sobre el cuñado de Barberá, la jueza sostiene que obtuvo 602.156 euros por “facturaciones ficticias” y mordidas en efectivo. Las empresas de Febrer efectuaron esos pagos, “que provenían de comisiones de naturaleza ilícita”, pero se les revistió de un marco contractual totalmente ficticio para darles apariencia de legalidad.
Sin escollos del PSOE
El socialista Rafael Rubio, “por los servicios prestados, tuvo un incremento patrimonial no justificado de 193.000 euros”, afirma la jueza. Si bien, el auto apunta que “las cantidades en metálico percibidas fueron superiores”, ya que “hay constancia” de que una de las tramas urdidas por el Grupo Axis (del empresario Febrer) le abonó una comisión en metálico no inferior a 300.000 euros. La participación del socialista se centró en no poner “escollo alguno” y que se favorecieran las operaciones urbanísticas en las que estaba interesado Febrer, según la magistrada. Rubio, supuestamente, también efectuó repetidos ingresos en efectivo inferiores a 2.000 euros para “eludir los controles administrativos y financieros” establecidos en la normativa contra el blanqueo de capitales.
La jueza esboza también la participación del abogado José Luis Vera, al que adjudica un papel de conseguidor. Así, señala que percibió 1,3 millones de euros de las empresas de Febrer “bajo supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias por servicios inexistentes”. Su cometido era “posibilitar y materializar los tipos de negocio que emprendía el grupo Axis y no la prestación de asesoría jurídica de cualquier tipo”, concluye la jueza en su resolución. “Dicha actividad la realizaba el investigado en aquellas administraciones públicas frente a las que se encontraban cargos vinculados al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) utilizando para ello sus importantes vínculos e influencias dentro de ese partido”, añade, ya que Vera ha estado históricamente ligado a los socialistas valencianos.
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