Mientras el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha negado “espiar” e intervenir las comunicaciones, principalmente para vigilar a sus rivales políticos. Se tiene conocimiento que entre 2018 y 2021, tanto su Administración federal como la de otros 16 gobiernos estatales invirtieron millones de dólares en decenas de softwares o tecnología que pueden utilizarse para intervenir comunicaciones privadas de ciudadanos.
Las compras de estos artefactos se plantearon como una solución para combatir la delincuencia y rescatar a víctimas cuya vida está en riesgo, pero los resultados de las vigilancias son un misterio por la falta de información oficial. La mayoría de los Estados intentaron negar dichas contrataciones, para luego reconocerlas y justificar que jamás se ejecutaron. Tres gobiernos que adquirieron estos productos, incluso, carecen de facultades legales para utilizarlos. Mientras tanto, el marco regulatorio mantiene inconsistencias que facilita el uso —a veces ilegal— de los dispositivos.
Las operaciones, que fueron concretadas por la mitad de los estados del país y también por el Ejército pueden ser muchas más, ya que se desconoce la cantidad real de compras públicas por la opacidad del sistema.
Estas adquisiciones facilitan a las autoridades del país ejecutar tres tipos de vigilancias:
- Geolocalizaciones para conocer el historial de ubicaciones en las que se encuentran en tiempo real las personas mediante sus dispositivos o celulares.
- La intervención de comunicaciones privadas.
- La extracción de los archivos que contienen los dispositivos, así como pueden superar las contraseñas de bloqueo para acceder a los contenidos.
Los gobiernos adquirieron, principalmente, el sistema Geomatrix con la empresa Neolinx de México SA de CV, especializado en intervenir geolocalizaciones, con una inversión nacional superior a los 147 millones de pesos (7.3 millones de dólares). También compraron diversas licencias de UFED, un programa que sirve para extraer datos de dispositivos móviles y localizar información de ciudadanos en Internet, con un pago total de 34.2 millones de pesos (1.7 millones de dólares).
Durante el último trienio, los mayores interesados en adquirir estas tecnologías fueron cuatro fiscalías estatales: Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Puebla, que acumularon en conjunto 25 contrataciones para adquirir plataformas para el rastreo de ubicaciones y licencias de extracción de datos de dispositivos por 227.7 millones de pesos (11.4 millones de dólares), según pudo reconstruir esta investigación. Estas administraciones sumaron más del 77% de los gastos del país en esta materia. La Federación, por su parte, reportó con el Ejército una inversión de 18.4 millones de pesos (930,558 dólares) en artefactos.
La información recolectada para esta base de datos se desprende de 614 solicitudes de acceso a la información pública, la revisión de los 32 portales de transparencia estatales y los resultados de contrataciones federales en el sistema Compranet. El proceso incluyó la negativa de 14 gobiernos estatales y la Fiscalía General de la República (excepto Puebla, Yucatán, la Secretaría de la Defensa Nacional), que nunca respondieron a solicitudes de entrevistas o peticiones de aclaraciones.
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