La magistrada afgana Helena Hofiany (Paruán, 39 años) supo aquel 15 de agosto de 2021 que una doble venganza se cernía sobre ella y su familia. Un compañero del Tribunal Supremo de Afganistán le acababa de confirmar que los talibanes habían recuperado el poder, y esta jueza de lo penal dio su venganza contra ella por segura, porque de su firma habían salido las condenas por terrorismo contra varios fundamentalistas. El segundo ajuste de cuentas que Hofiany temía era el de otros criminales a los que había mandado a la cárcel de Pul-e-Charkhi de Kabul, la más grande del país, cuyas puertas abrieron los talibanes al llegar a la capital afgana. La jueza ya no volvió a su casa: “Solo pensé en huir para salvar mi vida y la de mi familia”, rememora. Desde el tribunal partió al exilio, no sin dejar tras de sí casi todos sus documentos quemados. Su huida acabó en Madrid, donde vive desde finales de 2021, explicó este lunes en unas jornadas de la Asociación Mujeres Avenir celebrada en la capital en las que participaron cinco mujeres que fueron juezas en Afganistán y que ahora son, o luchan por serlo, refugiadas en España.
Hofiany esperaba a su segunda hija cuando tuvo que escapar con su marido y con su hija mayor, de tres años. Su embarazo era de riesgo —padecía diabetes gestacional— y durante 40 días estuvo escondida en un pueblo cercano a Kabul, donde sus temores se confirmaron. “Los talibanes estaban buscando puerta por puerta a quienes habíamos trabajado para el Gobierno”. Tanto ella como las otras cuatro juezas —Nazima Nezrabi, Gulalai Hotak, Friba Quraishi, Safia Jan Mohammad— que participaron en las jornadas Juezas afganas refugiadas en España: ninguna conquista es irreversible, lograron salir de Afganistán y llegar a España gracias a otras juezas, colegas de otros países que sabían que en Afganistán una mujer con poder, máxime si era magistrada, no podía dejar de ser un objetivo para los radicales.
Con los talibanes recién instalados en el poder, la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IWAJ en sus siglas en inglés) y la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) se movilizaron. Organizaron una especie de ferrocarril clandestino; un comité de apoyo, no solo para sacar a sus colegas de Afganistán, sino para esconderlas en pisos francos mientras no pudieran atravesar las fronteras del país. Este comité de apoyo ha logrado sacar de Afganistán a más de 150 de las aproximadamente 250 juezas que había en Columna Digital en 2020, según un cálculo del instituto de estudios noruego Michelsen.
Promesas rotas
La jueza Hofiany y sus colegas sonríen casi hasta la carcajada cuando se les pregunta si alguna vez creyeron en la promesa que hicieron los talibanes el 17 de agosto de 2021 —dos días después de asaltar el palacio Presidencial de Kabul, ya desierto por la huida del anterior presidente Ashaf Ghani— de que no habría venganza. Como Hofiany ninguna esperó a comprobarlo pues, como señaló en las jornadas Carmen Delgado, letrada del Tribunal Constitucional y miembro de la Asociación de Juezas de España, todas tenían en común haber ejercido en lo penal y enviado a la cárcel por terrorismo a talibanes.
En España, donde nacieron las hijas de dos de ellas —la jueza Nazima Nezrabi, la primera en llegar en agosto de 2021, estaba también embarazada—, su desafío es ahora “buscar un piso, algo casi imposible sin un contrato de trabajo”, escolarizar a sus hijos que apenas hablan español y encontrar un trabajo. Empezar una nueva vida en la que estas cinco juezas de trayectoria brillante —varias eran magistradas del Tribunal Supremo, otras tienen varias licenciaturas— solo pueden aspirar ahora a un trabajo de supervivencia mientras sueñan con volver a estudiar “para al menos ejercer de nuevo como abogadas”, coinciden. Solo dos de ellas, Hofiany y Nezrabi, tienen ya el estatuto de refugiadas políticas. De estas cinco juezas, tres viven en Madrid, una en Pamplona y otra en Bilbao, en centros de primera acogida o bien en pisos compartidos.
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En Afganistán quedan otras juristas como ellas que siguen esperando poder salir del país, la mayoría escondidas. El 8 de agosto, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) pidieron por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ayudara a salir de Pakistán a 32 antiguas juezas y fiscales que se encuentran, aún hoy, en Islamabad. Los jueces le reprochaban al Gobierno su “olvido” de estas mujeres.
La venganza de los talibanes de las que escaparon las ocho juezas refugiadas en España se cierne aún sobre estas colegas. “En Afganistán, es muy fácil asesinar a una mujer”, recuerda la exmagistrada del Supremo afgano, Gulalai Hotak. Ni las juezas ni el resto de mujeres tienen ya dónde acudir, dice, porque “los talibanes han borrado el sistema judicial”. “Toda una generación”, la de esas niñas que no pueden estudiar a partir de los 12 años, que no podrán ejercer la mayor parte de las profesiones ni viajar sin compañía de un pariente varón, “ha quedado sin esperanza”, recalca la jueza Nezrabi, que apostilla: “Estados Unidos y sus aliados vinieron a salvar a las mujeres afganas [tras la invasión de 2001] pero no honraron su palabra”.
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