La Fiscalía General de la República y el Ejército de México se entrometen y obstruyen la investigación en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a ocho años de los acontecimientos, denunció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El GIEI lamentó la renuncia esta semana del fiscal especial del crimen, Omar Gómez Trejo, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló sin consultarlo 21 órdenes de arresto, de las que 16 corresponden a militares.
“No es solo su renuncia, es por qué renuncia, y es por indebidas intromisiones en su trabajo. Y señalar también que no solo él renunció, renunciaron otras fiscales, mujeres, que también vieron atropellada su independencia y su actuar profesional. Entonces, en esas condiciones definitivamente no se puede esclarecer un hecho”, indicó la abogada Claudia Paz.
El GIEI, que concluye su mandato este 30 de septiembre y ha pedido una prórroga, ofreció una conferencia tras el informe del 18 de agosto de la Comisión para la Verdad del Gobierno, que reconoció que la desaparición fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo militares.
Ángela Buitrago denunció que en la FGR “los hechos concretos sí es categóricamente que se ha tratado de frenar las investigaciones, que se han dado órdenes de no judicializar, inclusive se han dado órdenes de no ir a audiencias”.
Mientras que Francisco Cox acusó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de “romper” el acuerdo que en junio de 2019 creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).
“Desde un inicio, observamos y documentamos y señalamos en el informe que se hace público, el informe 3 del GIEI, que hubo obstáculos iniciales”, aseveró.
La polémica sobre la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero, se ha reavivado en este octavo aniversario por el reporte de la Comisión de la Verdad que reconoce la participación del Ejército y los da por muertos.
Además, el GIEI difundió una investigación en marzo pasado que muestra que el Ejército intervino con programas de espionaje como Pegasus las comunicaciones de autoridades, el cártel de Guerreros Unidos y familias de los estudiantes, incluso en tiempo real mientras ocurrían los crímenes.
Buitrago reconoció que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha ordenado revisar los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), pero las Fuerzas Armadas muestran resistencia.
“Las respuestas que nos dan al GIEI es que no hay posibilidad de hacer monitoreos e interceptaciones, y niegan que ellos hayan realizado, el Ejército en particular, estas actividades, pero los documentos existen y hacen parte efectivamente de la documentación que recuperamos”, comentó.
La abogada Paz aseguró que “estas interceptaciones muestran una relación cercana de la organización criminal (Guerreros Unidos) con militares, con menciones específicas a personas que están ya consignadas y a otras. También se menciona a la Marina, lo que debe ser investigado”.
El GIEI reiteró su rechazo a la “verdad histórica”, una versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.
Al igual que la Comisión para la Verdad, concluyó que no fue posible que los hayan quemado ahí y que, incluso, varios estudiantes permanecieron vivos por días después del hecho.
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