El pulso de la Unión Europea con el régimen de Managua ha aumentado varios grados con el anuncio, este jueves, de que se prolongará un año más el paquete de sanciones contra altos dirigentes nicaragüenses, entre ellos un hijo del presidente, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. La decisión del Consejo se conoce en la misma semana que este mismo organismo declaró persona non grata a la representante nicaragüense ante las instituciones europeas, Zoila Yanira Müller Goff, en respuesta a la expulsión de Nicaragua de la embajadora europea, Bettina Muscheidt, a comienzos de mes.
La decisión del Consejo prolonga hasta el 15 de octubre de 2023 el marco de legal establecido en octubre de 2019, tras el “deterioro de la situación política y social” en Columna Digital centroamericano, y que permite imponer sanciones —congelación de bienes de los designados en territorio europeo y prohibir a ciudadanos y empresas de la UE proveer de fondos a estas personas— a altos responsables del Gobierno nicaragüense, así como personas y entidades vinculadas a este.
Es una medida, precisa el Consejo en un comunicado publicado en Bruselas, que se toma tras “la decisión injustificada del régimen de Nicaragua de expulsar a la jefa de la delegación de la UE del país, así como de romper lazos diplomáticos con Países Bajos y de la respuesta recíproca de la UE de declarar a la jefa de la misión de Nicaragua ante la UE como persona non grata”, el 10 de octubre. No ayuda tampoco, aunque en su nota oficial la institución europea no haga referencia a ello, el hecho de que Nicaragua se convirtiera la víspera en el único país latinoamericano, junto con Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Siria, en votar en contra de la resolución de Naciones Unidas para condenar los “referendos ilegales” realizados por Moscú para anexionarse cuatro regiones ucranianas, un hecho que Bruselas también ha denunciado contundentemente, declarando “farsas” las consultas y rechazando reconocer su validez. En los últimos días y semanas, Europa ha advertido insistentemente a Nicaragua de que se está “aislando” cada vez más internacionalmente.
En la actualidad, en la lista negra de sancionados por su responsabilidad en “violaciones graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua” figuran 21 personas y tres entidades: la Policía Nacional de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos.
En agosto de 2021, la lista de sancionados fue ampliada nuevamente. Entre los ocho nuevos nombres incluidos, figuraba el de la esposa de Ortega y vicepresidenta del Gobierno, Rosario Murillo, por ser considerada “responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar la democracia en Nicaragua”.
También entró en la lista negra el hijo de la pareja, Juan Carlos Ortega Murillo, en tanto que director del Canal 8, “una de las principales cadenas de televisión propagandísticas”. También por su liderazgo en el Movimiento Sandinista del 4 de mayo, en calidad del cual, señaló la UE el año pasado, “ha contribuido a restringir la libertad de expresión y la liberad de medios de comunicación” y ha “amenazado públicamente a empresarios nicaragüenses que se oponen al régimen de Ortega”. De este modo, concluía la UE, es también responsable de “socavar la democracia y de represión contra la sociedad civil de Nicaragua” y, en tanto que hijo de Murillo, está además “vinculado a personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos y de represión contra la sociedad civil” del país centroamericano.
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