La Ley de Vivienda, junto con la llamada ley mordaza o de Seguridad Ciudadana, son dos de los compromisos pendientes de avanzar en el Congreso más importantes —y más atascados— prometidos por el Gobierno de coalición. Unidas Podemos se ha aliado ahora con otros socios habituales del Ejecutivo, como ERC y EH Bildu, para redoblar la presión, especialmente con mejoras sobre la vivienda y para prohibir los desahucios, en la negociación que acaba de comenzar con las enmiendas y correcciones parciales al proyecto de Presupuestos del Estado para 2023 que inicia la fase final en las Cortes. Las enmiendas del PNV se concentran más en inversiones para el transporte público y aprovechan para recordar la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Y Más País pide refuerzos para la salud mental y los trastornos alimentarios. En total, se han publicado 5.445 enmiendas a la ley.
El plazo para registrar cientos enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que el jueves superó el primer examen al ser derrotadas las siete enmiendas a la totalidad tramitadas por la oposición, terminó este viernes a las 14.00 y ahora los partidos tendrán dos semanas para negociar con el Gobierno la letra pequeña de esas demandas y dónde o con qué partidas encajan mejor. Los aliados habituales del Ejecutivo en el Parlamento, Unidas Podemos como socio de la coalición y ERC y EH Bildu como apoyos recurrentes, han consensuado por su parte cuatro enmiendas conjuntas muy relacionadas con la situación penosa de la vivienda, los alquileres y la ocupación, en conexión con varios colectivos relacionados con ese sector.
Esas cuatro enmiendas de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu plantean, en primer lugar, que se regulen de manera integral los precios de los alquileres de todas las viviendas en zonas tensionadas mediante la intervención en el mercado, entendiéndolo como único mecanismo eficaz para condenar las subidas abusivas. También piden que se congelen las hipotecas de tipo variable menores de 360.000 euros para que estén sujetas a los tipos vigentes el 1 de septiembre de este año y no suban durante 2023. Además, requieren que se prohíban de forma definitiva los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, en consonancia con compromisos internacionales ratificados por España en materia de Derechos Humanos. Y, finalmente, demandan que se imponga una serie de obligaciones sociales para corresponsabilizar a los grandes tenedores de vivienda en la garantía del derecho a la vivienda en nuestro país, ofreciendo alquileres sociales a familias de sectores vulnerables como requisito para poder interponer cualquier acción judicial de reclamación de rentas, hipotecas o de recuperación de viviendas.
El PNV, el otro socio preferente de la legislatura, ha formalizado un total de 84 enmiendas, por un valor total de 180 millones de euros, “para el impulso del crecimiento económico, la ampliación de la protección social, la mejora de infraestructuras y la promoción del euskera y de las artes”, en lo que se conoce como la Agenda Vasca. El PNV y el Gobierno vasco renegociarán en estas semanas la prórroga de la ley quinquenal que regula el cupo vasco con el que se calcula la aportación de Euskadi al Estado. Y la formación nacionalista incluye en un programa de protección temporal para acoger a personas que vean amenazada su vida o su integridad por el trabajo en defensa y promoción de los derechos humanos que desarrollan en su país de origen, tal y como realizan las instituciones vascas. Y otra, de siete millones, para los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf.
Más País ya negocia con distintos ministerios más recursos para la salud mental, en uno de sus objetivos que ya señaló el curso pasado, y ahora también para combatir los trastornos de las conductas alimentarias. Compromís, por su parte, demanda 51 millones más sobre todo para inversiones en la provincia de Alicante. Coalición Canaria ha volcado sus reivindicaciones en que se cumpla el Régimen Económico y Fiscal (REF), la gratuidad de los abonos de guagua (autobús) y tranvía en 2023, equiparándolo al de los trenes de media y larga distancia en Península y Baleares, y el fondo de reconstrucción de La Palma; también, la puesta en marcha de la deducción del 60% del IRPF a los palmeros. El montante del centenar de enmiendas parciales de Bildu se vuelca en inversiones en transición ecológica, ayudas al euskera y la digitalización, modernización de infraestructuras e impulso del empleo comarcal y suma unos 156 millones de euros.
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