Bruselas ha recibido con preocupación y un cierto grado de impaciencia las noticias de la ruptura de negociaciones del PP con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una cuestión por la que ya ha enviado reiteradas llamadas de atención al Gobierno y a la oposición españoles en los últimos meses.
“Nuestra posición es clara (…). Es muy importante proceder con la renovación del CGPJ como cuestión prioritaria”, ha recordado este viernes una portavoz del Ejecutivo europeo tras conocer la decisión del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de cancelar unas negociaciones que, según el PSOE, estaban ya prácticamente cerradas y acabar así con la parálisis de la institución judicial —desde hace más de cuatro años— y que ha provocado reiteradas alertas de Bruselas. “Es clave que se aborde como una cuestión prioritaria la falta de nombramientos de los miembros del Consejo”, ha insistido la portavoz de Interior, Anita Hipper, quien ha recordado que este es uno de los asuntos esenciales del Informe sobre el Estado de Derecho en España que la Comisión publicó en julio. El portavoz jefe de la Comisión, Eric Mamer, ha subrayado por su parte que el mensaje del Ejecutivo europeo es “coherente” y se mantiene sin cambios tras la ruptura.
En el informe se recomendaba específicamente la renovación inmediata del CGPJ y se instaba a emprender “inmediatamente después” la revisión del sistema de elección de sus vocales para asegurar que la mayoría de ellos sean nombrados por sus pares, en línea con los estándares del Consejo de Europa.
La paralización revela para Bruselas un problema básico del sistema español: las autoridades españolas han recibido “una recomendación clara” y saben que la Comisión “ha subrayado la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo en el judicial para reforzar la independencia judicial”, ha señalado este viernes la portavoz. Aunque por el momento la Comisión se muestra reticente a abrir cualquier tipo de proceso sancionador —considera que no se está aún en esta fase y subraya que se “mantiene el contacto” con las autoridades españolas—, la paciencia parece agotarse ante un bloqueo que una vez más no tiene visos de acabar.
La ruptura del PP con el Gobierno se produce un mes después de la visita a España del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en la que se reunió con todas las partes —Gobierno, oposición, jueces y asociaciones— en un intento de facilitar el fin del bloqueo, que ahora todo indica que vuelve a la casilla de salida. Aquella visita comenzó, de todos modos, con mal pie, después de que el Ejecutivo acusara al comisario de ser “parcial” y alineado con las tesis del Partido Popular por haberse visto antes de su viaje, de forma discreta y sin publicidad, con el principal negociador y estratega del PP en este asunto, Esteban González Pons, vicesecretario institucional de su partido.
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