Daniel Ortega dio el domingo un paso más hacia la instauración de un régimen de partido único en Nicaragua, sin el menor respeto por el sistema democrático, la pluralidad de partidos o la libertad de opinión. El presidente del país centroamericano y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han obtenido la victoria en todos los ayuntamientos en juego en unos comicios municipales que, al igual que en los últimos procesos electorales, consumaron una farsa incompatible con la democracia. El sentimiento de fraude público e impunidad es difícil de esconder ante una exhibición de autoritarismo casi sarcástica. Los datos preliminares indican que el Frente Sandinista (todavía ese mismo sintagma que esperanzó a tantos hace 40 años) se ha hecho con el control del 100% de las alcaldías —hasta un total de 153—, esta vez llegando incluso a desbancar a los partidos comparsa alentados por el oficialismo para simular una grotesca competencia. Los resultados de las elecciones son, en este caso, lo más intrascendente, porque ya estaban escritos.
La jornada estuvo marcada por el desinterés de los nicaragüenses y una elevadísima abstención, que el organismo independiente Urnas Abiertas eleva hasta más allá del 80% del electorado. El matrimonio Ortega ha emprendido una huida hacia adelante de corte netamente autoritario, traicionando cualquier resto posible de la revolución sandinista, y no parecen dispuestos a ceder. Las detenciones de opositores, entre los que figuran antiguos compañeros de armas del propio Ortega, como la heroína del sandinismo Dora María Téllez, el brutal acoso a la prensa o el hostigamiento a la Iglesia católica indican que la situación del país es hoy insostenible y a la vez irreversible en términos de calidad democrática.
Todos los intentos de diálogo han fracasado, tanto los acercamientos de Estados Unidos como las mediaciones del Vaticano. Ortega y Murillo, imbuidos de una retórica antimperialista añeja y hueca, rechazaron tajantemente los contactos con la Administración de Biden y ven el fantasma de la injerencia en cualquier escenario de negociación. Si en Europa o en otras latitudes hay un amplio acuerdo —incluso en las filas de los partidos de izquierda y poscomunistas— en la condena de la deriva abiertamente autoritaria del régimen de Managua, la configuración de un nuevo eje progresista en América Latina puede ser una oportunidad para pasar de los pronunciamientos y de las medias tintas a la acción clarificadora. Tanto el Gobierno de Gustavo Petro en Colombia como el de Gabriel Boric en Chile, quien hasta ahora ha sido el más nítido en su repudio a los desmanes del régimen, y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil están en condiciones de dar un paso adelante y forzar a Ortega a sentarse a dialogar y recomponer los destrozos cometidos en los últimos años. Hace tiempo que Nicaragua ha dejado de ser solo un vecino incómodo.
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