El pasado 12 de septiembre dos policías de la guardia civil sometieron con brutalidad a un joven, provocandole una paro respiratorio, que obligó a ingresarlo en un hospital, donde falleció una semana después. El instituto armado alegó que el caso estaba judicializado, después de que los padres hubieran presentado una denuncia en los juzgados por un supuesto homicidio imprudente. El parte interno sobre lo sucedido aquella tarde, y al que ha tenido acceso este diario, recoge que los uniformados usaron “la fuerza mínima proporcional para reducirlo” y que el hombre entró en coma tras pasar 25 minutos en reanimación. Antes, había agredido a sus padres, destrozado la casa y había atacado con martillos a los guardias. El forense determinó que no había relación entre las lesiones durante el arresto y la muerte. El fallecido dio positivo en cocaína y hachís y estaba tan alterado que fueron sus propios padres los que avisaron a las autoridades “ante el temor de que su hijo regrese”. Volvió, y lo hizo aún más alterado, según el instituto armado.
La Guardia Civil se detalla que los agentes llegaron al domicilio de la familia Bejarano y que el matrimonio les pidió que se quedaran dentro porque su hijo se acababa de marchar “tras haberlos agredido y ocasionado cuantiosos daños en la vivienda motivados por su adicción a las drogas” y temían que pudiera regresar, como así fue. De acuerdo con el parte interno, el joven empezó a gritar a los agentes amenazándoles con que “los iba a matar”. “Presentando estado muy agresivo y alterado, portando varias herramientas en las manos (martillos) que exhibe a la vez que golpea la cancela de acceso al patio de la vivienda”, se detalla en el texto. Cuando los guardias civiles salen para tratar de mediar, el hijo de Bejarano les lanza los martillos “a escasos dos metros, sin lograr alcanzarlos”, porque los esquivan.
“A la vista de lo expuesto, usando la fuerza mínima proporcional para reducirlo, ambos guardias civiles hacen uso de la defensa extensible reglamentaria teniendo que esposarlo, debido a la gran resistencia y violencia que oponía”, se indica en el escrito. “Hasta que, instantes después, se percatan que el agresor deja de ofrecer resistencia y pierde el conocimiento, por lo que rápidamente inician maniobras RCP [reanimación cardiopulmonar] para su recuperación a la vez que solicitan asistencia médica”, continúa.
Se concluye indicando que dejan al joven ingresado en el Hospital San Juan de Dios “como consecuencia de haber entrado en parada cardiorrespiratoria durante la reducción policial. El autor ha estado sometido a 25 minutos de RCP, lo que le ha llevado a una situación de coma y posibles daños cerebrales” y se señala que como consecuencia del uso de las defensas extensibles, el hijo de Bejarano tenía “erosiones y contusiones en el hombro y la pierna”.
El documento interno de la Guardia Civil hace hincapié en el estado de violencia y agresividad que presentaba el joven para justificar el uso de la fuerza. Sus padres también hicieron constar el comportamiento iracundo de Carlos contra ellos y contra los agentes en la denuncia que presentaron el 19 de septiembre, el mismo día en que su hijo falleció, después de haber permanecido otros siete en el hospital con respiración asistida, pero no comparten que el modo de actuar de los agentes fuera proporcional a la amenaza que podía suponer Carlos y discrepan sobre la agresión con martillos a los agentes. “Los martillos los tiró a la cancela cuando los guardia civiles estaban dentro de casa, cuando salieron ya no los tenía”, asegura Bejarano.
Tanto para Bejarano como para su defensor, el abogado Luis Romero, “la fuerza que emplearon fue desproporcionada”. La autopsia podría determinar si hubo o no una relación causa-efecto entre la acción de los agentes y la muerte de Carlos, pero ese documento, casi dos meses después, no ha llegado al Juzgado de Instrucción Número 2 de Sevilla que investiga el caso, según le confirmó un funcionario a Bejarano el pasado martes. El letrado ha reclamado al tribunal que le dé traslado de inmediato del expediente. No obstante, fuentes relacionadas con el caso han precisado que el forense no estableció relación entre la detención y la muerte y determinó por pruebas analíticas que el fallecido, quien presentaba erosiones y contusiones en hombros y piernas, había consumido cocaína y cannabis.
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