Por Javier Santiago Castillo
De las reformas constitucionales propuestas por el presidente de la República sobresale el cambio del procedimiento de elección de los consejeros y consejeras electorales. Esta propuesta es clave para transformar al INE en INEC (Instituto Nacional Electoral y de Consultas) y centralizar plenamente la organización de las elecciones.
Se argumenta que la nueva forma de elegir a los consejeros electorales terminará con el sistema de cuotas para los partidos políticos. Este tema se ha convertido en un falso debate, derivado de posturas demagógicas de las dirigencias partidarias y, por el otro extremo de posiciones puristas de algunas organizaciones civiles.
El mecanismo de elección por cuotas no es perverso por definición. En el nombramiento de los consejeros ciudadanos electos en 1994 (Santiago Creel Miranda, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti. Ricardo Pozas Horcasitas, José Woldenberg y Fernando Zertuche Muñoz) es evidente la presencia de personas de reconocida trayectoria en sus campo profesional y político, independientemente de militancia o preferencia políticas.
La preocupación central de los partidos, el que detentaba el poder y los de oposición, era proveer legitimidad a la elección presidencial ante el riesgo de una confrontación violenta, derivada del levantamiento armado zapatista. Dada la coyuntura, las cuotas favorecieron a la oposición, aunque los cuadros filopriístas predominaban en la estructura del IFE.
Para la elección de los ocho consejeros y el consejero presidente del IFE, plenamente autónomo (1996), (José Barragán Barragán, Jaime Cárdenas Gracia, Jesús Cantú Escalante, Alonso Lujambio, Mauricio Merino, Jacqueline Pechard, Emilio Zebadúa, Juan Molinar y José Woldenberg), según los pasillos parlamentarios, cuatro fueron propuesto por el PRI, dos por el PAN, dos por la Izquierda y el presidente de consenso. Las virtudes del colegiado tendieron un velo sobre las limitaciones personales, el signo distintivo de este Consejo fue la imparcialidad en su actuación.
Ese mecanismo hizo crisis en 2003, cuando el PAN propuso cuatro, el PRI tres y el Partido Verde uno, en ese momento aliado del PRI. El PRD quedó fuera del reparto. Luego vinieron las elecciones presidenciales de 2006, acompañadas de un conflicto poselectoral, en buena medida alimentado por un error producto de la impericia política, que desembocó en una nueva reforma electoral y en la renovación del Consejo General del IFE en 2008. A partir de ahí se inició la renovación escalonada de los consejeros.
En 2010 se debían elegir tres consejeros, a más tardar el día último de octubre. La negociación se complicó ante el desacuerdo de los partidos. En 2011 el diputado Jaime Cárdenas interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral, que ordenó a la Cámara de Diputados proceder al nombramiento de los consejeros. En diciembre fueron designados Lorenzo Córdova, María Marván y Sergio García Ramírez a propuesta PRD, PAN y PRI. Al ser electos fuera de la convocatoria original se violó la Constitución. Un conflicto político se resolvió transgrediendo la Constitución y aplicando el método de las cuotas.
Con la reforma electoral de 2014 el número de consejeros se aumentó a once. Dos fueron los factores que incidieron en el incremento; por un lado, el crecimiento de las atribuciones del INE y, por otro la propuesta por cuotas, para darle al partido que detentaba la presidencia de la República el mayor número. El PRI cuatro (Marco Antonio Baños, Adriana Favela, Beatriz Galindo y Enrique Andrade), el PAN tres (Benito Nacif, Arturo Sánchez y José Roberto Ruiz), el PRD tres (Ciro Murayama, Pamela San Martín y Javier Santiago) y la presidencia de consenso.
La renovación de tres consejeros en 2017 mantuvo la lógica de las cuotas salieron tres consejeros propuestos por PRI, PAN y PRD y fuer nombradas dos consejeras y un consejero (Dania Paola Ravel por PRI, Claudia Zavala PRD y Jaime Rivera PAN).
En 2020, el nombramiento de 4 consejeros mantuvo la lógica de las cuotas con una variante, porque Morena y sus aliados pudieron haber hecho los nombramientos sin consulta alguna, pues contaban con la mayoría calificada de dos tercios para efectuarla. Pero, se realizó el esfuerzo de consensuar el nombramiento. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la elección de cuatro nuevas consejeras y consejeros por mayoría calificada de 399 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones. Las y los nuevos consejeros Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-Kib Espadas Ancona fueron propuestos por Morena, también fueron avalados por diputados de la oposición.
EL origen de las propuestas a consejeros electorales, según la ley orgánica del Congreso, corresponde a los grupos parlamentarios. No es ninguna deshonra ser impulsado por los partidos políticos, a través de sus grupos parlamentarios, como candidato a consejero electoral. Lo vergonzoso es convertirse, una vez nombrado, en correa de trasmisión del partido postulante o de otro, porque los vientos políticos cambiaron de rumbo. A lo largo de la historia del IFE-INE se han dado casos en ambos sentidos.
Una parte del problema del sistema de cuotas es el cambio de visión de los partidos sobre la función que deben cumplir los consejeros electorales. Como ya vimos, en su origen la legitimidad era una preocupación compartida por todos, el que estaba en el poder y los opositores, posteriormente el norte cambió y buscaron a quienes cuidaran sus intereses.
Otro aspecto del problema en la inconciencia del nombrado sobre lo que implica ser un funcionario de Estado y su conducta antiética en el desempeño de su actividad como consejero electoral. Decantándose como militante del partido en el poder o en su opositor, como es el caso de Lorenzo Córdova, quien tiene la mira puesta en la Rectoría de la UNAM. Lo perverso es anteponer el interés personal, de cualquier índole, al interés público. Por otro lado, también juega un papel la cultura de la sumisión frente al poder.
A excepción de la generación de consejeros ciudadanos, de 1994, la lógica ha sido que el partido en el poder realiza el mayor número de postulaciones a consejeros o consejeras. El caso de Morena, no es la excepción. Lo que ha hecho entrar en crisis el modelo de cuotas es el cambio de la correlación de fuerzas políticas en Cámara de Diputados. Morena y sus aliados obtuvieron la mayoría calificada en las elecciones de 2018; la perdieron en 2021, pero mantuvieron la mayoría simple.
La confrontación que ya se da y tiene una sus expresiones más relevantes en la propuesta de reforma constitucional del presidente para que los consejeros sean propuestos por los poderes de la Unión y elegidos por votación directa, expresa con claridad la postura de estar en desacuerdo con el modelo de las cuotas, en plural, pero si ser partidario de la cuota, en singular, para sí mismo.
Con aciertos y desviaciones la designación de consejeros electorales, vía las cuotas, ha cumplido una función sistémica de garantizar la alternancia y la trasmisión pacífica del poder. Este mecanismo ha sido eficaz, pero la nueva correlación de fuerzas lleva a la modificación de la lógica con la que había operado el modelo de cuotas. Con la oposición en minoría, pero clave para alcanzar la mayoría calificada y poder designar a consejeras y consejeros en 2024, incluyendo al consejero presidente del INE.
El presidente desea tener, al menos, una mayoría obediente en la integración del Consejo General. Para lograrlo debería incidir en el nombramiento de las cuatro vacantes del Consejo General. El escenario es complejo, ante la falta de acuerdo en la Cámara de Diputados está presente la posibilidad de que la elección de consejeros culmine en la insaculación realizada por la Suprema Corte de Justica. La moneda está en el aire.
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