El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trasladó ayer a patronal y sindicatos cual sería el supuesto impacto de elevar el periodo con el que se calcula la base reguladora de la pensión de 25 a 30 años y poder desechar las 24 peores mensualidades. Según la documentación facilitada, a la que ha tenido acceso este diario, la elección de los 28 mejores años de cotización sobre 30 ampliaría las bases reguladoras de las pensiones iniciales un 0,42% más que la fórmula actual. Este incremento tan leve se produciría ya en 2050 cuando ya estuviera implementada toda la ampliación del periodo que se haría progresivamente empezando en 2025. De esta forma, el impacto sobre las finanzas del sistema sería neutro.
Si bien, esto sería un incremento promedio entre hombres y mujeres, ya que las bases reguladoras de las pensiones –que determinan la cuantía de la prestación– de los varones serían un 0,63% más elevadas frene a un aumento prácticamente inexistente del 0,01% en el caso de las futuras jubiladas.
Esta diferencia a favor de los hombres solo se corregiría en el caso de aquellas mujeres que tuvieran derecho a cobrar el complemento por brecha de género por haber sido madres y haber perjudicado su carrera laboral por ello; también en el caso de diseñarse algún otro complemento para atajar dicha brecha –posibilidad futura que también recoge la propuesta inicial hecha por el ministerio a los agentes sociales el lunes–; o por la mejora de las lagunas. De hecho, en dicha propuesta inicial también se mejora el tratamiento de lagunas de padres y madres, elevando del 50% al 60% la base mínima de cotización que se integra en la base entre la mensualidad 49 y la 76 sin obligación de cotizar.
En caso de recibir dicho complemento actual o futuro la mejora para las mujeres sería del 0,74% y en los hombres el aumento se quedaría igual (0,63%).Estos cálculos estaban incluidos en la documentación entregada ayer que constaba apenas de dos folios y medio, sin incluir la “trastienda” de las cifras con las que la Seguridad Social hace sus cálculos, algo que no gustó a los interlocutores sociales que reclamaron a los nogociadores gubernamentales más detalles numéricos de sus estimaciones, según fuentes de la negociación..
Además, en su explicación del impacto de esta propuesta, los responsables del ministerio de Escrivá resumen que “aunque el grueso de carreras laborales observan diferencias muy pequeñas en la cuantía de la pensión, las (carreras) que observan grandes diferencias (respecto a la pensión que cobrarían con la fórmula actual) siempre son porque mejoran”. E insisten en que el sistema que proponen “protege mejor las cuantías de las pensiones de carreras de cotización no linéales y menos estables”. Pero nuevamente, desde la Seguridad Social no aportaron cifras ni ejemplos de estos casos, ni cuantificaron su volumen sobre el total del sistema.
En esta misma línea, e incluso aumentando los perjuicios sobre las peniones femeninas, ayer se hizo público el cálculo hecho por los actuarios del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson (WTW) que estiman una disminución de apenas el 0,04% sobre la cuantía promedio de las altas de pensiones de jubilación, con lo que el impacto sobre el gasto total cuando acabe el periodo transitorio, va a ser nulo en términos agregados. Aunque también estos analistas apuntan a que la , ya que las mujeres empeorarían la cuantía de su pensión inicial un 0,86%, frente al incremento de la pensión de los hombres, que sería de un 0,44%.
Para los expertos de esta consultora parece difícil entender el objetivo que se persigue con este cambio en el periodo computable para el cálculo de la base reguladora, dado que conlleva un impacto neutral sobre el sistema y no va a mejorar su sostentibilidad que ee lo que reclama Bruselas a España. Como explica el consultor senior de WTW Rafael Villanueva, “el sistema planteado con esta reforma no mejora la sostenibilidad financiera y apenas influye en la equidad contributiva, al descartar dos años de cotizaciones y ampliar la integración de lagunas sin cotización”.
El acuerdo para la segunda fase de la reforma de las pensiones se antoja a fecha de hoy muy poco probable, por no decir imposible. Tras la reunión para retomar las negociaciones, el lunes 12 patronal y sindicatos ya salieron rechazando la propuesta del ministro Escrivá. Y ayer, después de un nuevo encuentro, el rechazo era aún mayor si cabe.
El presidente patronal, Antonio Garamendi, descartó la reforma propuesta por no hacer las pensiones sostenibles pese a cargar el peso de los ingresos a las empresas. Por ello, emplazó a que sean los partidos quienes se “sienten con mucha seriedad y tranquilidad” para abordarla.
Mientras que el líder de CC OO, Unai Sordo, pidió sacar de la negociación la ampliación del periodo para el cálculo de la pensión. Igualmente, a pesar de que el Ejcutivo dijo ayer que la nueva fórmula tendría un impacto fiscal y no rebajaá las bases reguladoras, para UGT “la propuesta distorsiona mucho el dialogo sobre la segunda parte del acuerdo y quizá sea mejor que el Gobierno la retire”.
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