Las víctimas más recientes de la violencia sin control en el Cauca han sido seis soldados. En la madrugada del martes, hombres de la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC atacaron con granadas y ráfagas de fusil la base militar de la vereda Munchique, en el norte del departamento. Los soldados asesinados en la emboscada tenían entre 18 y 22 años, prestaban servicio militar y apenas habían ingresado a las filas del Ejército.
El Gobierno de Gustavo Petro convocó a primera hora a un consejo de seguridad y anunció un operativo militar en la zona. En la noche viajó al Cauca para atender él mismo la situación de violencia, generada por las disidencias. “La operación que hicieron es de infiltración. Premeditadamente se buscó el ataque, se planificó por parte de uno de los grupos que se apartó del acuerdo de paz al que se acogieron la mayoría de los exguerrilleros de las FARC en 2016″, afirmó en la mañana. “Veremos si la opción del diálogo se desconoce en Colombia o se vuelve eficaz”, advirtió el mandatario.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, habló de las víctimas y aseguró que soldados regulares no deberían estar en zonas de conflicto. “Los mandos de las fuerzas militares tienen que revisar con cuidado los lugares a los que pueden ser asignados, reduciendo al máximo los riesgos para sus vidas”, dijo el ministro. El sábado, otros tres soldados murieron en Argelia, también en el Cauca, en combates con las disidencias.
Jhoe Sauca, del Consejo Nacional Indígena del Cauca, dice que hay una “tensión” por el territorio, que ha recrudecido la guerra entre excombatientes de las FARC que no se acogieron al proceso de paz y otros grupos armados. “Quienes estamos en las estructuras indígenas, locales o zonales podemos entender el nivel de angustia que genera seguir ejerciendo un liderazgo por la defensa de derechos. Lo que está pasando en Nariño con los indígenas Awá y el minado en sus territorios amenaza con ocurrir también en el Cauca”, teme Sauca, que pertenece al Pueblo Kokonuko.
El anuncio en septiembre del Frente Primero, que agrupa a la mayor parte de los exguerrilleros que no se acogieron al proceso, de que reduciría los ataques contra la fuerza pública en el Cauca para propiciar un alto al fuego bilateral, todavía no se cumple, y Petro ha respondido en el mismo tono. “La posición militar no cesa mientras no haya realmente una voluntad de negociación” por parte de las disidencias, aseguró el presidente, que reiteró que la posibilidad de diálogos “no está circunscrita al cese de las operaciones militares”.
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Según Indepaz, estos grupos suman miles de hombres y se financian principalmente del tráfico de droga. Las rutas para mover la mercancía son el centro de las batallas entre las organizaciones armadas que se disputan el negocio. El presidente ha reconocido que la violencia en el Cauca “tiene que ver con rutas de narcotráfico y otros negocios ilegales que utilizan el área difícil de El Naya”, un corredor selvático que conecta los inmensos sembradíos de hoja de coca en las montañas del departamento, por donde los narcos embarcan cargamentos con destino a México y Centroamérica.
“Hay una realidad de fondo muy fuerte y compleja. Las estructuras delincuenciales y las disidencias se disputan los cultivos y el control por el territorio, algunos con el apoyo de unidades del Ejército”, denuncia Sauca, que dice que es imposible hablar de paz si no para antes la confrontación militar. “Un cese bilateral del fuego debería ser la primera acción para que la paz se empiece a concretar. Si alguna organización decide no participar, entonces el Estado debe actuar en su legitimidad para defender a las comunidades. El Gobierno tiene que ser contundente”, opina el líder.
El consejo extraordinario de seguridad convocado por Petro este martes, coincidió con un encuentro organizado desde hace semanas entre representantes de pueblos indígenas, defensores de derechos humanos e instituciones de la región para hablar de la violencia que sufren en sus territorios y que no parece tener fin. Los líderes que participaron en la reunión, liderada por la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, denunciaron que la “pelea” por la tierra está generado una guerra que afecta a la mayor parte del territorio. El 60% del Cauca es rural.
Guido Rivera, vocero de la red, señala el tema territorial como un problema que se agudiza cada día más: “La situación es grave y tiende a empeorar. Hemos visto bastante conflictividad por los desalojos. En Bogotá dicen que los indígenas tienen muchas tierras, que para qué queremos más, pero los censos nos muestran que solo el 38% de esas tierras son productivas”.
El Cauca ha registrado este año 14 masacres, que han dejado cerca de 50 muertos, según Indepaz. Durante el 2022, han sido asesinados 24 defensores de derechos humanos en esa región. En todo Columna Digital, la cifra hasta noviembre era de 169.
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