El futuro del expresidente Pedro Castillo ya esta escrito. Un juez dictó este jueves 18 meses de prisión provisional para él, que se enfrenta a penas no menores de diez años por el delito de rebelión y conspiración.
La hipótesis de la Fiscalía sobre el delito de rebelión y conspiración contra Pedro Castillo se marca en el mensaje de la Nación que dio, el pasado 7 de diciembre, el expresidente al anunciar el cierre del Congreso y nuevas reformas en el sistema judicial.
En audiencia, el fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay, argumentó que, después de la iniciativa de golpe de Estado, el exmandatario fue detenido en flagrancia en circunstancias que se dirigía junto a su familia a la embajada de México para pedir asilo político.
En esa línea, explicó que Castillo para lograr su cometido se comunicó con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro Alvarado, y le pidió que intervenga el Congreso y proceda con la detención de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Refirió, además, que el exjefe de Estado no se encontraba solo en su despacho presidencial; sino con Aníbal Torres (asesor de PCM), Betssy Chávez (exprimera ministra); Willy Huerta (exministro del Interior) y Roberto Sánchez (exministro de Comercio Exterior) en su despacho presidencial.
Por su parte, la defensa pública de Pedro Castillo indicó que su patrocinado no llegó a cometer el delito de rebelión, debido a que no se alzó en armas. Asimismo, expuso que no existe peligro de fuga, puesto que el ahora investigado no trató de fugarse del país.
Asimismo en los alrededores de la cárcel, durante todo el día se concentraron decenas de seguidores del maestro rural. Para ellos, es solo una víctima de un Congreso corrupto que nunca le dejó gobernar. Mientras el juez leyó su resolución, en una comparecencia que duró toda la tarde, los castillistas exigían su liberación.
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