El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados por las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía y Galicia, todas gobernadas en solitario por el PP, contra la ley que crea el impuesto a las grandes fortunas.
El pleno del órgano de garantías también ha rechazado la suspensión de la aplicación de la nueva legislación, petición que habían realizado los gobiernos de Madrid y Andalucía.
El Constitucional ha recordado que la suspensión de una norma solo se adopta de manera preceptiva cuando es el Gobierno el que lo solicita con respecto a alguna decisión de las comunidades autónomas.
En otra decisión, el Tribunal Constitucional también ha admitido a trámite el recurso del PP contra la ley de Memoria Democrática.
El pasado 7 de febrero, el Constitucional ya admitió a trámite el recurso presentado por Vox contra esta ley. Ambas decisiones indican que el tribunal ha asumido la trascendencia constitucional del caso y que se resolverá en su momento mediante una sentencia, después de que se nombren a los ponentes o encargados de redactar el borrador de ambos fallos y se abra un plazo para las alegaciones de las partes.
En concreto, explicaron que Madrid recibe tres de cada cuatro euros de la inversión extranjera que viene a España, por lo que la recaudación de ingresos por este concepto podría bajar “en 5.000 millones de euros”. El portavoz del Gobierno de la Comunidad, Enrique Ossorio, subrayó en esta misma línea que “a eso hay que añadir los inversores que no van a venir por la aplicación del nuevo impuesto: dejarán de llegar entre 1.200 y 1.600 millones de euros de inversión extranjera al año”, por lo que a su juicio el impacto negativo del nuevo gravamen en las cuentas madrileñas alcanzaría un mínimo de 6.200 millones de euros. Al recurso inicial del Ejecutivo madrileño se ha unido ahora la Asamblea regional.
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