La escalada de violencia entre el Ejército israelí y las milicias palestinas en Gaza, que ha causado ya más de 220 muertos desde el pasado 10 de mayo, aporta nuevos elementos a la investigación abierta el 3 de marzo por la fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre la situación en Palestina por supuestos crímenes de guerra cometidos desde 2014 en las dos partes del conflicto: por un lado, el Ejército de Israel y, por otro, Hamás y la Yihad Islámica. La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, ha advertido que estudiará incluir este nuevo enfrentamiento en la investigación. Israel, que no es miembro del tribunal, rechaza cualquier injerencia.
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Bensouda dio este aviso el pasado 12 de mayo, en unas declaraciones a la agencia Reuters, donde subrayó que seguía muy de cerca los últimos acontecimientos “porque hay una investigación en curso, y ambas partes deben evitar acciones que puedan resultar en la comisión de crímenes de guerra”. El mandato del TPI consiste en perseguir a los responsables de delitos, y no a los países, y según recuerdan sus portavoces, “una vez establecida la competencia de la fiscalía en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, está facultada para indagar a su vez los presuntos crímenes cometidos allí por ciudadanos de Estados que no sean miembros de esta corte”.
No está claro si el Gobierno israelí impedirá la entrada de los enviados del TPI en territorios palestinos, de los que controla el acceso. En tal caso, el trabajo de la fiscalía se vería entorpecido aunque también podría acceder a testigos que estuvieran en otros países. Al no reconocer al tribunal, Israel podría simplemente ignorar futuras actuaciones o peticiones desde La Haya, sede del TPI, sobre sus ciudadanos, como una orden de arresto, avocada a la colaboración de la comunidad internacional en el caso de que se dieran las circunstancias.
Israel no ha firmado el Estatuto de Roma, texto fundacional del TPI, y ha acusado a la fiscalía de mostrar un sesgo antisemita. Sostiene a su vez que Palestina no es un Estado reconocido a escala internacional. Sin embargo, la ONU concedió en 2012 la condición de “observador” a los territorios palestinos, y como la Autoridad Palestina suscribió el Estatuto de Roma 2015, pudo solicitar luego la apertura del caso. Lo hizo en 2018.
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