Argentina vivió este jueves una jornada marcada por una huelga general de 24 horas convocada por las principales organizaciones sindicales del país, en rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el presidente Javier Milei. Fue la tercera medida de fuerza de este tipo desde que el mandatario asumió el poder en diciembre de 2023, y su impacto se sintió con fuerza en diversos sectores clave: trenes, aviones, puertos, escuelas públicas y hospitales funcionaron de manera parcial o quedaron completamente paralizados, mientras que los bancos permanecieron cerrados y el movimiento en la Ciudad de Buenos Aires se vio considerablemente reducido.
La medida, impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), comenzó a gestarse el miércoles con una masiva movilización frente al Congreso, donde miles de personas se concentraron para apoyar la protesta de los jubilados, uno de los sectores más golpeados por el ajuste y que, en las últimas semanas, también ha sido víctima de represiones durante manifestaciones.
La huelga no pasó desapercibida. En el centro de Buenos Aires, el transporte público operó de forma limitada: mientras que autobuses circularon con normalidad, los ferrocarriles estaban completamente detenidos. La recolección de residuos también fue interrumpida, lo que dejó a la ciudad con montones de basura acumulada en las calles. La actividad comercial tuvo una dinámica dispar, con algunos negocios abiertos pero con menor afluencia de clientes. En hospitales y otras dependencias públicas, los servicios se mantuvieron solo con guardias mínimas.
En los puertos, la situación fue contundente. “Todo parado en los puertos de Rosario”, confirmó Guillermo Wade, gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM), reflejando el alcance de la medida en un sector estratégico para el comercio exterior argentino.
El reclamo sindical tiene varios ejes, pero todos confluyen en una misma preocupación: el fuerte deterioro de las condiciones laborales y sociales. Exigen la reincorporación de trabajadores despedidos, a quienes consideran que se les ha cesado de forma ilegal; también piden reabrir las negociaciones salariales que quedaron congeladas, se oponen a la privatización de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas e Intercargo, y demandan un aumento urgente en los haberes de jubilados y pensionados.
La figura del presidente Milei sigue siendo centro de la controversia. Con un estilo desafiante, el economista libertario ha sostenido que el país necesita un ajuste profundo para eliminar el déficit fiscal y contener la inflación, y ha usado la imagen de una motosierra como símbolo de su plan de recortes. Sin embargo, desde los sindicatos consideran que el costo de estas medidas recae casi exclusivamente sobre los sectores más vulnerables. “Después de esta medida, tienen que apagar la motosierra. Se terminó, no hay espacio para más recortes”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
La economía argentina muestra algunas señales mixtas. Si bien la inflación ha bajado en los últimos meses —febrero cerró con una cifra del 2,4% mensual—, ese descenso se ha producido en un contexto de fuerte recesión, con una caída generalizada del consumo y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. A su vez, el gobierno ha logrado reducir el déficit fiscal, pero a costa de un severo ajuste que incluyó despidos masivos en el sector público, recorte de subsidios, congelamiento de paritarias y una desregulación que ha afectado particularmente a los jubilados.
Las voces en la calle mostraban el contraste de posturas ante la huelga. Hugo Velázquez, un trabajador de 62 años que debía tomar un colectivo por la suspensión del tren, expresó su apoyo al paro y consideró que la situación es insostenible bajo las actuales políticas. En cambio, Lucas Edezma, de 33 años, criticó la medida por perjudicar aún más a los trabajadores, especialmente en sectores sensibles como la salud. “Hasta los hospitales están con guardia mínima. Ahora tengo que llevar a mi abuela al hospital y no sé cómo voy a hacer”, lamentó.
En los aeropuertos, el panorama era desolador. Los vuelos fueron cancelados, las terminales estaban casi vacías y los pasajeros, con maletas en mano, aguardaban sin certezas sobre la reprogramación de sus viajes. Pese a las complicaciones, algunos manifestaban su comprensión. Fabricio Adamek, estudiante de 25 años, resumió el sentir de una parte de la población: “Llamar a la aerolínea, averiguar qué onda, cuándo se van a poner otra vez los vuelos, cuándo se van a habilitar los vuelos, pero igual apoyo si están en protesta”.
En un país marcado por profundas divisiones políticas y sociales, la huelga general puso una vez más en evidencia la tensión entre un gobierno que defiende su programa de reformas radicales y una sociedad que comienza a mostrar signos de agotamiento frente a los costos del ajuste. La resistencia, al parecer, no ha hecho más que empezar.
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