Por primera vez en la historia de la democracia un Gobierno propone tipificar las sanciones a la comunidad universitaria con un código que respete los principios constitucionales. El ministro de Universidades, Manuel Castells, represaliado él mismo por el franquismo en sus años de estudiante, pretende poner fin al Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior ―una reliquia de la dictadura diseñada hace 67 años para mantener el orden público en los campus, y que hoy solo se aplica a los estudiantes (la plantilla quedó excluida en 1985)― con una Ley de Convivencia Universitaria que ha consensuado con los rectores y los alumnos. Esta norma, de la que Columna Digital ha accedido a los anexos, aboga más por la mediación que el castigo, pero tipifica las faltas muy graves, como las novatadas que menoscaban la intimidad o el plagio en las tesis doctorales, castigadas con penas que van de los dos meses a tres años de expulsión o anulación de parte de la matrícula.
Castells, que se autodefine como ácrata y que se instaló en París en 1962 como refugiado político tras unos disturbios en la Universidad de Barcelona, quiso en 2020 derogar el reglamento “anticonstitucional y obsoleto” sin remplazarlo, y los rectores amagaron con recurrir si les dejaba sin herramientas de sanción, aunque fuesen preconstitucionales. Finalmente, su equipo, los rectores y los alumnos ―el ministro anda centrado en la nueva ley de universidades― han dado forma a un anteproyecto de ley que este martes va a Consejo de Ministros y que deberá ser aprobado por el Parlamento. El respaldo de la conferencia de rectores (CRUE) y de los universitarios debería allanar el camino.
La Carta Magna dice que “quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a esta Constitución” ―libertad de expresión y de cátedra o derecho de reunión―, pero de facto hay artículos en el decreto franquista cuya constitucionalidad es muy interpretable. No regula el derecho de defensa del estudiante, las faltas no caducan, no considera los principios básicos de proporcionalidad y responsabilidad, y atribuye la potestad de sancionar a un tribunal de honor. Por ese motivo, si el alumno recurre un castigo, los tribunales le dan la razón pero con mucho retraso. El Tribunal Supremo presentó dudas respecto a la constitucionalidad de su articulado en dos sentencias (1988 y 1989), pero asumió su vigencia mientras no se derogase. Sucesivos defensores del pueblo han alertado en 1990, 2008 y 2012 de la necesidad de escribir una norma adaptada al mundo de hoy, pero el único intento serio de aprobar un texto lo hizo el ministro Ángel Gabilondo en 2010 y no dio tiempo, debido al adelanto electoral.
Aunque el reglamento de la dictadura choca con principios constitucionales, ampara los códigos de conducta de las universidades, que recurren en ocasiones a sus artículos sobre desórdenes públicos, falta de probidad o difamación para penalizar a sus estudiantes. Así, en 2011 el rector de La Laguna amenazó a 12 alumnos con la expulsión por difamación. Desde una asociación, los jóvenes habían denunciado la pérdida de 300 becas debido a la presunta “negligencia” de la Facultad de Psicología. Un juez y el Tribunal Superior de Canarias se posicionaron a favor de los estudiantes que habían hecho una “legítima crítica a la actuación de la administración” sin injurias. Nueve años más tarde, la justicia absolvió también, por falta de pruebas en la identificación, a cinco universitarios que habían sido expulsados de la Universidad de Sevilla por asaltar en 2002 su rectorado con palanquetas y barras vaciando los extintores sobre los guardias. Los universitarios que han participado en el texto muestran su satisfacción. “Vamos a pasar a tener garantías jurídicas en la defensa”, se alegra Andrea Paricio, presidenta de la coordinadora de las asociaciones de alumnos (CREUP).
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