El sector empresarial mexicano muestra una clara disposición para involucrarse en el diálogo legislativo sobre el nuevo marco regulatorio en telecomunicaciones. Esta iniciativa surge en un contexto de preocupación por la creación de un entorno desigual que podría amenazar la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico en el país.
Los representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han solicitado a los legisladores incluir a ciudadanos, expertos y empresarios en la definición de un marco regulatorio equilibrado. Este marco debería basarse en la rectoría del Estado y fomentar el desarrollo del mercado, la certidumbre jurídica y la libertad de expresión.
Una de las principales preocupaciones es la facultad de la nueva Agencia de ordenar el bloqueo de plataformas digitales sin intervención judicial previa, lo que, según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), podría contradecir el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Este aspecto plantea riesgos significativos al eliminar un regulador independiente, lo cual podría poner en peligro la certeza jurídica y la estabilidad del sector.
La Coparmex advierte que esta reforma debilita la competencia, pues permite a entidades del Estado ofrecer servicios comerciales mediante subsidios y asignaciones de espectro sin un proceso de licitación previo. Esto, según la organización, vulnera el artículo 18.18 del T-MEC, que se refiere a las empresas propiedad del Estado, y favorece un entorno desigual que afecta negativamente la inversión y el desarrollo tecnológico en el país.
Ante la reciente apertura al diálogo por parte de la presidenta Sheinbaum, el CCE ha reconocido esta iniciativa como un paso positivo. El sector de telecomunicaciones en México es vital, representando el 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y generando más de 265,000 empleos directos. Por ello, se ha instado a los legisladores a que revisen cuidadosamente esta legislación para preservar la autonomía del regulador y eliminar disposiciones que puedan amenazar derechos fundamentales, asegurando una transición ordenada en este importante sector.
El llamado del CCE es claro: busca un diálogo abierto y técnico que involucre a todos los sectores relevantes. La propuesta legislativa actual, de ser aprobada en su forma actual, podría tener efectos adversos, como la erosión de la certeza jurídica, lo que subraya la necesidad de un análisis exhaustivo y de una participación inclusiva en la toma de decisiones.
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