En un contexto democrático, el bloqueo de plataformas digitales carece de justificación y representa una grave violación de la libertad de expresión, tal como se detalla en la Constitución y en la jurisprudencia internacional. Esta afirmación proviene de Martha Tudón, oficial del Programa de Derechos Digitales de la organización civil Artículo 19, quien enfatiza que el artículo 109 de la inciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión es un claro atentado contra los derechos fundamentales de expresión e información.
Según Tudón, el decreto que busca implementar bloqueos temporales a plataformas digitales podría tener repercusiones especialmente negativas para los periodistas y medios de comunicación locales y comunitarios. Estos medios dependen de las redes sociales para compartir sus coberturas periodísticas, atraer a audiencias más amplias, y monetizar sus contenidos. La potencial restricción en el acceso a estas plataformas podría afectar directamente el ejercicio del periodismo en comunidades que ya enfrentan desafíos significativos.
Además del impacto en la prensa, Tudón destaca que colectivos sociales, como grupos feministas y LGBTQ+, utilizan estas plataformas para movilizarse y generar conciencia sobre diversos temas de interés público. La censura en estas plataformas no solo limitaría el acceso a información relevante, sino que también afectaría la capacidad de movilización de la ciudadanía en el ámbito digital.
La preocupación de Tudón se extiende más allá del artículo 109, señalando que hay una creciente discrecionalidad para otorgar concesiones a empresas dentro del sector de telecomunicaciones. Esta amplia redacción de la ley podría permitir un control centralizado sobre las plataformas digitales, operando bajo un sistema de premios y castigos.
La oficial de Artículo 19 enfatiza que, aunque la disposición específica del artículo 109 es especialmente alarmante, otros aspectos de la ley también suscitan inquietudes. La combinación de intereses comerciales y la regulación restrictiva generan un panorama preocupante para el ejercicio de derechos en el ámbito digital.
La información presentada aquí se basa en los datos disponibles hasta el 28 de abril de 2025 y refleja las preocupaciones actuales en torno a la libertad de expresión y el acceso a plataformas digitales en un contexto democrático.
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