En México, el año 2024 se ha caracterizado por la persistencia de violaciones de derechos humanos, donde las fuerzas militares están bajo el escrutinio por posibles ejecuciones extrajudiciales. La militarización de la seguridad pública se ha consolidado, y el Estado no solo ha fracasado en la búsqueda de personas desaparecidas, sino que parece haber tomado una postura de inacción frente a este grave problema. La situación de migrantes y refugiados ha sido especialmente compleja, con políticas que dificultan el derecho a solicitar asilo y un entorno cada vez más peligroso en la frontera norte, donde se registran extorsiones y violencias sistemáticas.
Durante la presentación del informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación mundial de los derechos humanos, se destacó cómo 2024 será recordado por su clima adverso en México. Especial atención se dio al caso de cinco miembros de las Fuerzas Armadas condenados por la ejecución extrajudicial de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, un juicio confirmado el 5 de diciembre.
Edith Olivares Ferreto, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en México, enfatizó que es fundamental ubicar el respeto y la defensa de los derechos humanos en el centro de cualquier transformación en el país. La urgencia de un cambio en las estructuras que permiten la violación sistemática de estos derechos se manifestó en sus palabras: “Estamos todavía a tiempo de cambiar las estructuras y las prácticas.”
La desaparición forzada sigue siendo uno de los problemas más apremiantes, con un registro de 127,485 personas desaparecidas hasta el 28 de abril de 2024, y de las cuales 1,050 han desaparecido solamente en abril de ese año. Lamentablemente, la inacción del Estado no ha solo dejado a la familia de los desaparecidos a la deriva, sino que ha puesto a estas mujeres buscadoras en una posición extremadamente vulnerable, con 29 asesinatos de familiares de desaparecidos desde 2011.
Por otro lado, la reciente reforma constitucional que permite la elección popular de juzgadores ha suscitado preocupación por su impacto en la independencia judicial. Esta reforma se considera un retroceso en el acceso a la justicia y en el derecho a un juicio justo. Entre los cambios aprobados por el Congreso, se encuentra uno que limita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de impugnar futuras modificaciones constitucionales.
La violencia fue un tema recurrente en las elecciones de 2024, consideradas las más violentas en la historia reciente del país, con al menos 41 candidatos a un cargo público asesinados.
En un contexto global más amplio, el informe subraya la crisis de los derechos humanos, enfrentando fuerzas que buscan desestabilizar los ideales de derechos universales establecidos tras la Segunda Guerra Mundial. Se hace un llamado a la resistencia y a una respuesta concertada a esta situación deteriorada, resaltando que la falta de respuesta podría marcar una transformación no solo de tiempos, sino de la propia época que vivimos.
La urgencia de actuar se vuelve evidente; no más muertes de periodistas, no más víctimas de feminicidio, no más desaparecidos. El compromiso y voluntad política son esenciales para corregir el rumbo en la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas.
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