La reciente propuesta de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión provocó un claro debate al vulnerar tanto el espíritu como la letra del artículo 28 de la Constitución. Este asunto no puede ser ignorado ni relegado a un segundo plano, pues podría implicar consecuencias serias que necesitan atención inmediata. Si hay quien esté sugiriendo que estos errores pueden ser corregidos posteriormente, se está engañando, y eso es alarmante.
Además de la violación constitucional, existe la problemática de los plazos establecidos para la extinción del IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) y la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica). La iniciativa, junto con la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, puede llevar a la cancelación indebida de estos plazos, que no permiten ambigüedades ni negociaciones políticas. Este es un punto que necesita ser rectificado con urgencia.
Asimismo, quienes han insinuado que la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) puede actuar rápidamente como una autoridad reguladora, en un plazo tan corto tras la publicación de la nueva ley, han malinterpretado las transiciones establecidas en el decreto de reforma constitucional del 20 de diciembre de 2024. Esto, además, pone en riesgo la integridad de la iniciativa y la credibilidad del gobierno.
Es imperativo reconocer que estos fallos no son menores; generan un conflicto constitucional que un funcionario responsable debería esforzarse por prevenir. Otros errores de gran relevancia han surgido, incluyendo aspectos de censura en ciertos artículos de la ley, que buscan otorgar al gobierno federal poderes desmesurados que ni los regímenes más autoritarios del pasado hubieran osado imaginar.
Una omisión significativa en esta legislación es la falta de un capítulo que defina claramente las funciones y metas de la ATDT en su propósito de impulsar la transformación digital en el país. La propuesta debería ir más allá de una simple modernización de trámites. Desafortunadamente, el concepto de “inclusión digital” aparece de manera escasa, lo cual es preocupante.
El decreto de reforma constitucional de 2013 establece que el Ejecutivo Federal tiene la responsabilidad de desarrollar políticas en materia de inclusión digital, marcando objetivos ambiciosos, como garantizar que, al menos, el 70% de los hogares tenga acceso a una conectividad que sea comparable a la de los países miembros de la OCDE.
Sin embargo, los datos más recientes indican que aún estamos lejos de alcanzar dichas metas. Hasta finales de 2023, el acceso a la banda ancha en México se caracteriza principalmente por velocidades inferiores a 100 Megabits por segundo, afectando aproximadamente al 75% de la población. En contraste, en otros países miembros de la OCDE, alrededor de dos tercios de sus habitantes ya disfrutan de velocidades superiores a 100 Mbps.
La situación actual sugiere una falta de acción y estrategia por parte del gobierno para incentivar a los hogares y microempresas a maximizar el uso de su conectividad. Esto no solo representa un desfase respecto a los estándares internacionales, sino también una omisión notable en la nueva legislación que debería priorizar este tema.
La información presentada aquí se basa en datos disponibles hasta el 6 de mayo de 2025, y evidencian la necesidad de un enfoque más riguroso y proactivo en el ámbito de las telecomunicaciones y la inclusión digital en México.
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