El Senado de la República se prepara para la aprobación de un nuevo marco legal que regulá las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión en México, un paso que se espera se concrete en julio. Esta iniciativa surge tras una serie de conversatorios que facilitaron el diálogo entre legisladores e industriales del sector, con el objetivo de crear una legislación moderna capaz de capitalizar oportunidades como el nearshoring, mientras se abordan preocupaciones históricas sobre los elevados costos del espectro radioeléctrico.
Estos sectores son vitales para la economía mexicana, contribuyendo alrededor del 3% al PIB, lo que equivale a unos 32,600 millones de dólares anuales y generando empleo directo para más de 301,000 personas, al tiempo que proveen servicios esenciales a cerca de 35 millones de hogares en todo el país.
El proceso de discusión incluyó cinco conversatorios que abordaron temas cruciales como la política fiscal del uso de frecuencias y la regulación asimétrica, además de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Las opiniones y sugerencias recabadas de empresarios, académicos y el público serán clave en la reestructuración del proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), elaborado por la presidencia en 2025.
Hoy, inicia una nueva etapa de trabajo, con el lunes 30 de junio como plazo para el dictamen que, tras su evaluación en comisiones del Senado, será presentado ante la Mesa Directiva para convocar a un periodo extraordinario de sesiones en julio. Javier Corral, senador del partido Morena y promotor de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), destacó el proceso democrático y plural de este ejercicio.
La demanda por estos conversatorios se intensificó tras que la industria, organizaciones civiles y académicas señalaran que la propuesta original de la LMTR era contraria a los compromisos del T-MEC y carecía de un órgano técnico colegiado en la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que reemplazaría al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Corral también advirtió que se producirá una reconfiguración significativa del órgano regulador, sugiriendo que la ATDT podría contar con hasta cinco comisionados con perfiles técnicos, para emular al pleno del IFT, que ha sido un referente internacional en el sector.
Algunos logros emergentes de los conversatorios incluyen la eliminación del artículo 109 de la LMTR, que permitía al Estado bloquear plataformas digitales, así como el reconocimiento por parte del gobierno de los riesgos que representa el alto costo del espectro sobre la viabilidad empresarial. Adicionalmente, el Estado se compromete a competir en igualdad de condiciones en los concursos por espectro, y se permitirá a las radios públicas, sociales e indígenas comercializar publicidad local.
Mientras tanto, el IFT solicita al Congreso la liberación de recursos para cubrir la nómina de sus 1,300 empleados, dado que recibió un presupuesto que solo garantiza pagos hasta junio. El IFT ha contribuido significativamente al Estado, recaudando casi 181,000 millones de pesos en una década, utilizados para infraestructura y programas sociales.
A medida que el Senado trabaja en la reforma legal, Corral enfatiza que la nueva legislación será inclusiva y estará a la altura de las necesidades de los mexicanos, prometiendo un proceso participativo con expertos para asegurar una ley que realmente refleje los derechos de la ciudadanía.
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