La situación del Poder Judicial en México se ha convertido en el epicentro de un intenso debate. A solo días de la elección de cargos judiciales programada para el 1 de junio, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, conocida como Jufed, ha calificado este proceso como una simulación que se asemeja a un golpe de Estado técnico.
En un comunicado, la asociación ha expresado que el evento electoral es una estrategia impulsada por el partido Morena y otros grupos políticos. Según su análisis, estas acciones buscan debilitar los principios que sustentan el Poder Judicial, transformándolo en un instrumento al servicio de intereses gubernamentales y de la mayoría en el Congreso.
La Jufed también ha resaltado la preocupación de que los ciudadanos no votarán por profesionales con la experiencia necesaria ni por aquellos que han atravesado rigurosos procesos de selección. En lugar de eso, se prevé que la votación esté dominada por individuos preseleccionados, que cuentan con el respaldo de figuras políticas y han sido señalados por posibles vínculos con el crimen organizado. Este panorama es alarmante y representa, según la Jufed, un desmantelamiento del Estado de Derecho, que ha sido descrito como una mera ficción.
La asociación no ha escatimado en advertencias, afirmando que la elección judicial debería ser cancelada debido a su potencial impacto negativo. También se menciona que la intervención actual en el poder judicial, aunque pueda parecer sutil, es una amenaza seria para la independencia judicial, y constituye un riesgo que trasciende las normas democráticas.
Más allá de la preocupación sobre el impacto interno, la Jufed ha señalado que organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han lanzado alertas sobre lo que podría representar una elección de esta naturaleza. Los posibles efectos adversos incluyen una merma en los derechos a una defensa efectiva, lo que contribuiría a un clima de incertidumbre legal en el país.
Un punto crítico que resalta la asociación es que, al contemplar el 1 de junio como una simulación, subraya que la integridad de los juzgadores se halla en riesgo. Esto se debe a que, bajo las leyes actuales, cualquier reunión entre magistrados y ciudadanos podría interpretarse como un acto ilícito. Así, el evento electoral se convierte en una elección entre democracia y sometimiento, poniendo de manifiesto un dilema crucial para el futuro del imperio de la ley en México.
La Jufed concluye su comunicado enfatizando que los ojos del mundo están puestos en México, y las consecuencias de este proceso electoral se sentirán no solo a nivel local, sino también en el ámbito internacional. Este es un momento decisivo para la nación que determinará su rumbo hacia el respeto de los derechos y la justicia.
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