La reforma del Poder Judicial se presenta no solo como un tema de relevancia política, sino como un punto crítico que plantea importantes riesgos económicos. La duda no radica en si existe un riesgo, sino en su magnitud y en las estrategias necesarias para mitigarlo. La comunidad está a la espera de respuestas sobre quién asumirá la responsabilidad de enfrentar estas inquietudes y cuándo se comenzará a trabajar en ello.
A solo horas de las elecciones, el enfoque del Gobierno parece centrarse en alcanzar una participación electoral del 20%, lo que plantea interrogantes sobre cómo funcionará el sistema emergente y los efectos de este experimento en el tiempo. La urgencia de la administración actual, incluyendo a Morena y los gobernadores, se traduce en asegurar que 20 millones de personas acudan a las urnas el 1 de junio.
La situación del Poder Judicial es delicada; el sistema ha mostrado serias deficiencias y, aunque requería una intervención significativa, se han tomado decisiones que, si bien son acertadas desde un punto de vista político, no disiparon las dudas persistentes. La pregunta clave es si efectivamente mejorará el acceso a la justicia para los más desfavorecidos y si esta reforma contribuirá a un mejor desempeño de la economía. A corto plazo, se presentan riesgos de deterioro que no deben ser subestimados.
El informe trimestral del Banco de México más reciente señala la política comercial de Trump como una de las principales amenazas para el crecimiento mexicano, sin embargo, no incluye la reforma del Poder Judicial en esta lista de riesgos. Esta omisión sugiere una cautela tanto en el banco central como en los organismos empresariales respecto a las implicaciones de la reforma.
Los empresarios, aunque preocupados por el futuro de la administración de justicia, se muestran cautelosos al abordar el tema en público. Su silencio durante eventos que evidencian irregularidades en la elección de jueces —como el controvertido uso de una tómbola en el Senado— ha llevado a muchos a preguntarse sobre la naturaleza de su diálogo con la presidenta Sheinbaum, que parece ser más receptivo que lo que se vivió durante el mandato de López Obrador.
A medida que el Plan México busca revitalizar las asociaciones público-privadas, surge la cuestión sobre la posibilidad de convencer a los empresarios para que inviertan significativamente en infraestructura, teniendo en cuenta el contexto incierto que se ha creado en el sistema judicial.
En un marco más amplio, el descenso en la Inversión Fija Bruta podría ser un indicador de la desconfianza empresarial frente a los cambios en el Poder Judicial. Los datos más recientes, correspondientes a febrero de 2025, reflejan una disminución del 6% en relación con el año anterior, un descenso que se acentúa desde septiembre, coincide con el fortalecimiento de la mayoría de Morena en el Congreso y la percepción de una “demolición” del Poder Judicial.
A nivel macroeconómico, los especialistas han indicado que las condiciones externas han cobrado mayor relevancia como factores de preocupación, especialmente en términos de política comercial exterior, mientras que la percepción sobre el estado de derecho ha caído en importancia. Este giro plantea interrogantes sobre el estado de ánimo de los analistas: ¿se han resignado ante la situación o se sienten optimistas al mirar hacia adelante?
En este contexto, la situación actual del Poder Judicial y su reforma se convierte en un elemento crucial que no solo afecta las dinámicas internas de la justicia en el país, sino que, sin lugar a dudas, repercutirá en la economía mexicana y en la confianza de los inversores a largo plazo.
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