En el marco de la evaluación del Estado mexicano por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), recientes informes han puesto de manifiesto preocupantes retrocesos en la salvaguarda de los derechos de las mujeres en México, especialmente aquellas en contextos de movilidad.
Los datos revelan una alarmante situación: diariamente, diez mujeres son víctimas de asesinato en el país, pero solo el 24.6% de los casos se investiga como feminicidio. Entre 2015 y abril de 2025, se han documentado 34,715 asesinatos de mujeres, adolescentes y niñas. Sin embargo, la clasificación de estos crímenes como feminicidio varía drásticamente en diferentes Estados. En Jalisco, apenas el 15% de los homicidios fue tratado como feminicidio en 2024; en Guerrero, el porcentaje se reduce a un 11%, y en el Estado de México, se sitúa en un 27%.
Además, el mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), presente en 23 entidades, enfrenta serias inoperancias. Estados como Veracruz y Sonora no han actualizado sus evaluaciones en más de dos años, y en Guanajuato, donde se emitió una alerta en septiembre de 2024, ni siquiera se ha asignado un presupuesto para implementar las medidas necesarias.
En el ámbito de la movilidad, el informe presentado por IMUMI indica un aumento preocupante en las detenciones de mujeres en calidad migrante. Entre 2019 y 2024, se registraron 851,500 eventos, lo que representa un incremento superior al 380% en comparación con el periodo anterior. Muchas de estas mujeres sufrieron reubicaciones forzosas desde el norte hacia el sur del país, enfrentándose a la travesía sin documentación, recursos suficientes ni rutas seguras. En 2023, de las 47,260 personas desplazadas, el 25% eran mujeres y el 4% eran menores de edad.
Adicionalmente, Médicos Sin Fronteras reportó que el 93% de las 744 consultas por violencia sexual atendidas entre enero de 2024 y febrero de 2025 en América Latina correspondieron a mujeres. Un estudio de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) reveló que todas las mujeres migrantes entrevistadas en México han experimentado alguna forma de violencia.
Con datos que expuestas cada vez con mayor claridad, se pone en evidencia la necesidad urgente de políticas efectivas que garanticen la protección y dignidad de las mujeres en México, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad debido a la movilidad. Esta narrativa no solo destaca la realidad inmediata, sino que invita a una reflexión crítica sobre el futuro de los derechos humanos en el país, con especial énfasis en las mujeres.
Los datos presentados reflejan una preocupación colectiva que exige acción y compromiso en todos los niveles, apuntando a erradicar la violencia y asegurar un entorno más seguro y equitativo para todas las mujeres. La situación, tal cual se presentó por primera vez en 2025, plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas implementadas y la urgencia de avanzar en la protección de los derechos de este sector crítico de la población.
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