La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación contra la juez federal Alejandra Domínguez Santos, quien desechó una solicitud de vinculación a proceso contra Judith Aracely Gómez Molano. Esta última es acusada de participar en la adquisición ilegal del software de espionaje Pegasus por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en el año 2014.
En un comunicado, la FGR informó que la investigación contra la juez se centra en posibles delitos contra la administración de justicia. Este decision surge después de un largo proceso de dos años y medio, que la fiscalía califica de “ilegales”, durante el cual se presentó formalmente la imputación contra Gómez Molano por cinco delitos: uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado, asociación delictuosa y participación en una compra ilegal valorada en 460 millones de pesos.
La fiscalía sostiene que la exfuncionaria no solo incumplió su deber de supervisar la contratación, sino que se vio involucrada en una operación que perjudicó gravemente el patrimonio público, beneficiando a un proveedor sin justificación válida. A pesar de la evidencia presentada, la juez decidió no vincularla a proceso.
Judith Aracely Gómez Molano, quien fungió como oficial mayor de la PGR durante la administración de Jesús Murillo Karam, ha enfrentado diversas acusaciones que la vinculan con irregularidades en adquisiciones públicas. En mayo de 2023, fue acusada por la compra del software Pegasus. Además, su historial incluye una supuesta vinculación a proceso por la adquisición a sobreprecio de un avión Bombardier Challenger CL-600, un gasto de 19,6 millones de dólares cuando el valor real apenas superaba los 16 millones. Otra acusación involucra el desvío de 852 millones de pesos para adquirir vehículos equipados con tecnología de espionaje.
Este caso resalta la complejidad de los procesos judiciales en el contexto de la administración pública y la difícil tarea de asegurar la transparencia y rendición de cuentas en la utilización de recursos públicos. Las implicaciones de tales acciones no solo afectan a los involucrados, sino que también plantean serias preguntas sobre la integridad de las instituciones del país.
Se anticipa que, debido a la gravedad de las acusaciones y el interés público en el tema, este caso continuará generando controversia y debate a medida que avancen las investigaciones y se tomen decisiones judiciales. La situación refleja, además, un desafío constante en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder dentro de las estructuras gubernamentales.
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