La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, ha puesto de relieve las persistentes y complejas barreras que enfrentan las mujeres en la esfera política y laboral de México. Aún cuando se han logrado avances significativos, como el establecimiento del primer Congreso federal paritario en 2024, la realidad es que solo el 28% de las presidencias municipales son ocupadas por mujeres, según lo presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas.
La magistrada no escatimó en señalar la grave situación de la violencia política de género en el país. En 2021, el TEPJF tomó una medida contundente al anular la elección en Iliatenco, Guerrero, por actos de violencia política en contra de una mujer indígena, marcando un precedente en la lucha contra esta problemática. Desde 2016, el Tribunal ha emitido un total de 871 sentencias relacionadas con paridad y más de 3,000 resoluciones enfocadas en combatir la violencia política de género, lo que evidencia el compromiso de las instituciones para abordar estos desafíos.
Sin embargo, a pesar de las reformas y programas de enfoque de género, el Estado mexicano reconoce que persisten barreras estructurales que obstaculizan la equidad plena para las mujeres, especialmente aquellas en situaciones vulnerables. Actualmente, la tasa de participación femenina en el mercado laboral es de solo el 55.6%, en comparación con el 76% de los hombres, lo que subraya la desigualdad existente. La mayoría de estas mujeres ocupan empleos en el sector informal, enfrentando condiciones precarias sin acceso a seguridad social.
La carga de las labores de cuidado sigue siendo un obstáculo significativo para su inclusión laboral. Adicionalmente, enfrentan problemáticas como el acoso sexual, la violencia económica y los “techos de cristal”, que restringen su desarrollo profesional. En el ámbito de la salud, nueve estados aún no han reformado sus leyes en relación con el aborto legal, lo que refleja otra área de desigualdad que afecta a las mujeres en el país.
Estos retos estructurales exigen una atención urgente por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto, para garantizar que los derechos de las mujeres sean respetados y promovidos, así como para eliminar las barreras que limitan su plena participación en todos los ámbitos de la vida pública y privada en México.
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